A preguntas del fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled, Millet ha reconocido que Ferrovial hacía donaciones para que el dinero fuera a CDC a cambio de obra pública y ha recordado que esto no lo había desvelado en su confesión de 2009 –en la que reconoció, en parte, que él y su entonces mano derecha, Jordi Montull, expoliaron la institución–: «Esta es la verdad».

La Fiscalía considera que CDC se financiaba ilegalmente recibiendo fondos de la constructora que se camuflaban como donativos al Palau pero que, en realidad, respondía a la adjudicación de obras públicas por parte de instituciones que controlaba el partido.

Millet ha insistido durante su interrogatorio: «Convergència sabía que Ferrovial daba este dinero a cambio de que se le adjudicara obra pública».

A preguntas del fiscal sobre anotaciones junto a cifras y sobre quién es ‘Daniel’, ha respondido: «Daniel Osàcar», el extesorero de CDC y único acusado del partido en este caso, aunque la formación está acusada como responsable civil a título lucrativo.

Sobre cuándo empezó esta práctica, ha dicho que no recuerda con exactitud pero lo ha situado entre 1998 y 2000, puntualizando que «pasó durante muchos años» y hubo muchas obras –según la Fiscalía, incluso la Ciudad de la Justicia, donde se celebra el juicio–.

Ha explicado la mecánica para las comisiones que se quedaban del dinero donado por la constructora entre CDC, él mismo y Jordi Montull: «Nos repartíamos el 2,5% para CDC y el 1,5% para nosotros: 1% para mí y 0,5% para Montull».

Esta comisión se calculaba sobre el dinero que les entregaba la empresa, pero sobre las cifras a donar se ponían de acuerdo CDC y Ferrovial: «Yo aquí no entraba».

Tres sistemas

Ha detallado que había tres maneras para recibir esas donaciones: en efectivo –en su caso trató con el extesorero de CDC ya fallecido Carles Torrent–; con facturas falsas; y a través de un convenio entre el Palau y la Fundació Trias Fargas –que era «la excusa» para aportar dinero al partido–.

Ha indicado que muchas veces quien se encargaba era Jordi Montull, y que después de Carles Torrent su contacto en CDC era precisamente Daniel Osàcar.

Ha dicho no saber ni haber tenido contacto con otros cargos dentro del partido por esto, ni cómo se decidía qué cantidades entregar y qué obras se adjudicarían: así, su confesión se limita a los cargos del partido ya implicados: los dos extesoreros –uno fallecido y otro acusado–.

Preguntado sobre el abogado y exdiputado de CiU en el Parlament Jaume Camps –que estuvo imputado en este caso pero su causa se archivó por prescripción–, ha dicho que lo conocía pero ha descartado reuniones con él sobre adjudicaciones de Ferrovial, y no ha recordado una reunión entre él y Montull, Camps y el exconseller de Justicia Germà Gordó (CDC) en el hotel barcelonés Diplomatic por la que le ha preguntado el fiscal.

Montull

Por su parte, la exdirectora financiera del Palau de la Música Gemma Montull ha afirmado que Ferrovial «utilizó el Palau para pasar dinero a CDC» pero ha asegurado que ella, en aquel momento, no sabía si lo daba a cambio de adjudicaciones de obras públicas o por otros conceptos.

«Pagaba dinero a Convergència. Debía de ser a cambio de algo, lógicamente», ha declarado como acusada a preguntas del fiscal, justo después de que el entonces presidente del Palau, Fèlix Millet, declarara también que hubo pagos de la constructora a la institución que eran para el partido.

Montull ha explicado que su padre y entonces director administrativo del Palau, Jordi Montull, le «dictaba directamente» cómo elaborar los cuadros que constan en la causa, donde se observa la mecánica supuestamente para camuflar el destino de los fondos.

«Puede parecer que me bajo de la higuera», ha replicado ante la sorpresa del fiscal Emilio Sánchez Ulled por que en ese momento ella desconociera que el dinero que aportaba Ferrovial era para conseguir adjudicaciones de obra pública.

Ha ratificado toda la mecánica de funcionamiento que consta en las pruebas documentales en que constan cobros a Ferrovial por el convenio de patrocinio y cómo ese dinero se dividía en tres.

Ha asegurado no recordar cuándo sospechó o le explicaron que el dinero de Ferrovial iba a CDC a cambio de obra pública, pero ha asegurado que ya pasaba antes de que ella llegara al Palau (2003) y de que la nombraran directora financiera: «Esto pasaba estuviera yo o no».

También ha explicado que en el Palau la Música se consideraba que esta mecánica se veía «como normal» y que le consta que llevaba muchos años pasando.

Ha añadido que el entonces presidente de la institución, Fèlix Millet, era el «jefe supremo», que lo controlaba todo y que el resto de cargos y trabajadores se limitaban a cumplir sus órdenes.

«Controlaba absolutamente todo lo que allí pasaba. Tenía a su mano derecha, Jordi Montull, mi padre, que era quien le ayudaba», ha respondido, emocionada y entre lágrimas en momentos de su declaración, en un juicio en que se enfrenta a 26 años de cárcel.

Entre lágrimas ha negado quedarse 3 millones de euros como le acusa el fiscal: «No me he quedado ni un solo euro del Palau de la Música Catalana. Esto es doloroso para mí y para mi familia porque se me ha atribuido el robo de tres millones de euros que en ningún momento me he llevado».

Comparecencia

Tras estas declaraciones, la CUP ha pedido la comparecencia en el Parlament del líder del PDeCAT y expresidente de la Generalitat, Artur Mas, así como del exconseller Germà Gordó para dar explicaciones sobre las presuntas comisiones que percibía CDC (después PDeCAT) según reflejan los casos Palau de la Música y 3%.

«No permitiremos que nadie quiera blanquear su corrupción a través del proceso hacia la independencia y seremos contundentes en todo momento», ha dicho el diputado de la CUP Benet Salellas

También ha pedido la comparecencia de la diputada Natàlia Figueres, que era responsable del consejo comarcal de La Selva, por el caso Manga que instruye un juzgado de Santa Coloma de Farners (Girona).

Se trata de pedir explicaciones y responsabilidades «por este gran conglomerado de tráfico de influencias y de corrupción», ha precisado, «y seremos muy contundentes porque el proceso independentista tiene que ser impecable, y no permitiremos bajo ningún concepto que se relacione independentismo con corrupción».

Según Salellas, la CUP tiene la intención de «establecer un ‘cordón sanitario’ para proteger al independentismo de la corrupción política derivada del régimen del 78».

«No permitiremos, en consecuencia, –ha añadido– que nadie quiera blanquear su corrupción a través del proceso hacia la independencia y por esto seremos contundentes en todo momento».

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