Los acusados señalan que la causa «ha destrozado sus vidas» e insisten en que la joven madrileña entró de manera voluntaria en el portal de la calle Paulino Caballero donde tuvieron lugar los hechos, lo que les lleva a asegurar que «no es justo este proceso», porque no han cometido «ningún delito y porque si existieran indicios de que lo hubiera cometido será un tribunal tras un juicio justo el que tendrá que decidirlo. Y será entonces, cuando si hubiese una sentencia condenatoria, debería estar privado de libertad. Y no antes».

Añaden las defensas de los acusados que existen nuevas pruebas que merecen ser valoradas por el tribunal y por las que solicita la puesta en libertad provisional a la espera de juicio.

«Estrategia propagandística»

Sobre la personación en la causa del Ayuntamiento de Iruñea y del Gobierno de Nafarroa, señalan que «forman parte de una estrategia orquestada del uso de la administración de justicia para la defensa de una noble causa como es la defensa de los derechos de la mujer y la lucha contra las agresiones sexistas, utilizando una denuncia no real. Organizar una manifestación espontánea al día siguiente y con un cóctel perfecto, chica de 18 años y cinco sevillanos, entre ellos un militar y un guardia civil, no se podía desaprovechar en una estrategia propagandística».