Hasta que no haya un cambio de partido político en el poder no podremos saber qué ocurrió durante la noche del 15 de julio». Ahmet Faruk Ünsal, exdiputado del Partido Justicia y Desarrollo (AKPÇ y expresidente de la organización de derechos humanos Mazlumder, resume así las dudas que aún sobrevuelan sobre la fallida asonada contra el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Ha pasado un año desde que los cimientos de Estambul y Ankara se estremecieran ante los militares y la única verdad extendida es que el clérigo suní Fethullah Gülen, antiguo aliado del mandatario, dirigió la asonada desde el exilio. No hay pruebas concluyentes, como no las hubo cuando fue rápidamente acusado, pero es la verdad que ningún anatolio se atreve a cuestionar. Porque sobre el resto de acontecimientos de aquella noche en la que el pueblo se echó a la calle para derrotar a los «guardianes del secularismo», protagonistas de cuatro exitosas intervenciones desde 1960, no hay un consenso en la polarizada sociedad turca.

«Digo bien claro que el AKP no ha querido esclarecer lo que ocurrió en la noche del 15 de julio. Si lo hubiera querido hacer tendría que haber enviado a la comisión parlamentaria a Binali Yildirim, Hakan Fidan y Hulusi Akar», sentencia Ünsal en referencia al primer ministro, al director de la Inteligencia turca (MIT) y al Jefe de Estado Mayor. «La mayoría de altos mandos golpistas fueron promocionados con ayuda del AKP. Cualquier investigación real implicaría de manera inevitable al AKP, por lo que Erdogan es reacio a demostrar las conexiones políticas con los golpistas», añade Aykan Erdemir, de la Foundation for Defense of Democracies.

Varios informes

En este año, condicionado por la suspensión de más de 160.000 funcionarios y el arresto de 60.000 personas, la comisión del Parlamento y los partidos opositores han presentado sus informes sobre la asonada, y desde mayo se juzga a los supuestos golpistas, que han rechazado tener relación alguna con Gülen y, salvo en contadas excepciones, como Gökhan Sahin Sönmezates, quien dirigió el grupo castrense para capturar a Erdogan en el complejo hotelero de la región de Marmaris, con la asonada.

En está búsqueda de la verdad, Ünsal apunta a la composición de la comisión del Parlamento, cuyo informe ha sido muy criticado, para asegurar que «el AKP no quiere alumbrarla»: «La comisión tiene 15 miembros, cuatro de los cuales forman parte del comité ejecutivo. Estos últimos son todos del AKP. No es normal. Sus miembros tendrían que representar el peso político de cada partido. Y esto es muy importante, porque esos cuatro miembros eligen los temas a tocar y las personas que declaran. En el caso de un golpe de Estado tendría que escucharse a la cabeza del Gobierno. No ha sucedido. Además, Fidan y Akar añadieron sus declaraciones por escrito cuando el informe ya estaba completado. Por eso, si el AKP hubiera querido investigar la verdad, tendría que haber llamado primero a estas tres personas».

Las figuras de Fidan y Akar, sobre todo, son claves para saber hasta qué punto el golpe de Estado pudo evitarse o incluso si fue, como reitera el kemalista Partido Republicano del Pueblo (CHP), una «asonada controlada». En los días posteriores a la intervención castrense se supo que el MIT tuvo constancia de una acción a gran escala dentro del Ejército a través del teniente O. K., un exgülenista desencantado que fue apartado de sus funciones, luego readmitido y que ahora forma parte del MIT.

A las 14.30 horas del 15 de julio O. K. llegó a la sede central del MIT para informar sobre un posible secuestro de Fidan o incluso algo mayor, una asonada. Horas después, Fidan se reunió con Akar, quien envió al general Salih Zeki Çolak a investigar la información de O. K. a la base aérea de Güvercinlik, uno de los núcleos golpistas. Pese a que la disposición de los aviones y helicópteros de combate indicaban movimientos inusuales, tal y como mostraban las imágenes de las cámaras de seguridad, el general Çolak no apreció un peligro inminente durante sus más de dos horas en la base. Esto significa que se infravaloró el peligro, un extremo destacado por la comisión parlamentaria que casa con la versión defendida por el AKP: incompetencia, negligencia, error de cálculo.

En cambio, el CHP ha incidido en su informe de 307 páginas en tres aspectos clave que no se trataron en la comisión parlamentaria: la reunión de más de seis horas que mantuvieron Fidan y Akar el 14 de julio, el desconocimiento de Erdogan de los planes golpistas y, sobre todo, las seis horas que transcurrieron entre el chivatazo y la asonada. Su conclusión es que el Gobierno dejó hacer para obtener rédito político y «descubrir a los gülenistas», que venían siendo purgados desde diciembre de 2013. «El golpe de Estado no fue prevenido y, por eso, su resultado fue controlado», aseguró el kemalista Aykut Erdogdu, quien responsabilizó al Gobierno de las 249 víctimas y 2.301 heridos.

El informe de la comisión parlamentaria ha sufrido incluso las críticas del Partido del Movimiento Nacionalista (MHP), único apoyo político del AKP. Los panturcos, desquiciados con que se asegure que los gülenistas tenían la misma influencia en todos los grupos políticos, insisten en destapar la vertiente política del gülenismo, que, de ser justa la investigación, salpicaría por descontado al AKP: durante años, los políticos islamistas han viajado a Pensilvania y el hermano del diputado Saban Disli, el teniente general Mehmet Disli, es uno de supuestos miembros de Yurtta Sulh Konseyi (Consejo de la Paz en Casa),y Adil Öksüz, uno de los cinco «imames» civiles, o líderes no militares, fue detenido y luego liberado por un juez gülenista y podría haber escapado de Turquía con la ayuda de miembros del AKP de Samsun. Tras la asonada, Erdogan reconoció que su gran error fue confiar en Gülen. Pero, eso sí, añadió que todos los errores de sus 15 años en el poder, desde el derribo del avión ruso hasta la masacre de Roboski, eran responsabilidad de su antiguo aliado y no suya.

La causa «Çati»

Ahora mismo, en Turquía, hay decenas de juicios relacionados con los simpatizantes del gülenismo, ya sean abogados, periodistas, profesores o empresarios, y con los militares que participaron en el golpe. El principal juicio contra los supuestos golpistas comenzó el 22 de mayo en la Corte Penal de Ankara. 221 militares que participaron en la toma de la Jefatura del Estado Mayor, el secuestro de Hulusi Akar y que dirigieron la asonada desde la base aérea de Akinçi, en Ankara, afrontan penas de cadena perpetua en el «caso Çati» (tejado, en turco). Además, en este caso se juzga a los supuestos miembros del Yurtta Sulh Konseyi, u hostigadores de la asonada, entre los que se encuentra el considerado «número uno» de su rama militar, Akin Öztürk.

Los acusados han negado su participación en el golpe y su relación con Gülen y han apuntado a que «se planeó para que no tuviera éxito». Es decir, defienden la teoría del autogolpe, rechazada por la sociedad anatolia en general. Las imágenes de las cámaras de seguridad contradicen muchas de sus declaraciones, sustentadas en el «seguir órdenes de superiores», «no poder enfrentarse a los golpistas» u «operaciones a gran escala contra el PKK». Por eso. los escépticos dudan de que los juicios, que además están dirigidos por fiscales afines al Gobierno, vayan a esclarecer las dudas que aún persisten sobre la asonada. «Las cortes turcas no arrojarán luz sobre lo que ocurrió», asegura Erdemir.

En su declaración ante el juez, el supuesto golpista Orhan Yikilkan, exconsejero de Akar que había advertido en 2015 sobre la posibilidad de una asonada, insistió en que «fue un intento conjunto de diferentes grupos». Ünsal, sin pasaporte por haberse convertido en una voz crítica con el Gobierno, está convencido del rol de Gülen, aunque también habla de otros grupos ajenos al clérigo suní: «Los gülenistas organizaron la asonada, pero dentro había kemalistas desencantados y oportunistas que buscaban subir escaños en su carrera».

Ahora en Anatolia se habla de una nueva asonada, que sirve como justificación para continuar con el estado de emergencia y con el gobierno del AKP a base de decretos, que evita el control parlamentario y que los acusados puedan reclamar ante la Justicia. El periodista Abdülkadir Selvi, cercano al Gobierno, y el semanario “Der Spiegel” han señalado que los militares podrían volver a tomar las calles turcas.

El analista y exmilitar Metin Gürcan escribió en las páginas de “Hürriyet” que ahora, y pese a la desmesurada purga, en el Ejército el 85% son kemalistas, el 14% gülenistas y el 1% afines a AKP. Erdemir, que asegura que las intervenciones militares han ayudado «al ascenso de los movimientos islamistas», considera que «los hechos del último año demuestran que las golpes de Estado no pueden tener éxito en Turquía». Ünsal tampoco es alarmista, pero no cierra la puerta al retorno militar. Pero eso sí, si volvieran no sería bajo la bandera de Gülen: «Los gülenistas han sido purgados. Podrían quedar algunas células de bajo rango escondidas. No sé si habrá otro golpe de Estado, pero si lo hubiera no sería por parte de Gülen, sino de parte de los núcleos kemalistas».