Las acusaciones de obstrucción a la justicia y asociación ilícita que la Fiscalía General formuló contra Temer, que tuvieron en vilo a su Gobierno en las últimas semanas, han sido rechazadas por 251 votos frente a 233 en el pleno de los diputados, que por imperativos constitucionales debía avalar su eventual enjuiciamiento.

Si se hubiera llegado a ese extremo, Temer habría sido suspendido de sus funciones durante seis meses y, en caso de que el Supremo le declarase culpable, habría sido destituido.

Temer es el primer presidente brasileño en pleno ejercicio de su mandato que es acusado formalmente de un delito de tipo penal y no una, sino dos veces.

En agosto pasado, la misma Cámara de Diputados negó otros cargos por corrupción pasiva también formulados por el Ministerio Público, que en ambos casos apoyó sus denuncias en unos testimonios prestados por los dueños del grupo cárnico JBS, luego puestos en duda por la propia Fiscalía, que aún así insistió en una segunda denuncia.

El mandatario, de 77 años, ha sido informado sobre el resultado de la votación en momentos en que llegaba a su residencia oficial desde el Hospital del Ejército, en Brasilia, en el que ha estado ingresado durante unas horas tras sufrir una «obstrucción urológica».

Temer ha recibido el alta después de ser sometido a una serie de exámenes y, según fuentes oficiales, guardará reposo durante un periodo que no se ha precisado. Al salir del hospital, junto a su esposa Marcela, apenas ha declarado a los periodistas: «Estoy entero».

Las dos denuncias formuladas por la Fiscalía contra Temer ahora solo podrán ser analizadas por la Justicia una vez que termine su mandato, el 1 de enero de 2019, cuando deberá entregarle el cargo al ganador de las elecciones previstas para octubre del año próximo.

La oposición, en franca minoría, ha hecho valer todos los esfuerzos posibles para intentar postergar una votación que sabía perdida y, valiéndose de maniobras previstas en las normas de la Cámara baja, ha logrado posponerla durante casi siete horas, lo que no ha impedido el sólido aval a Temer de la mayoritaria base oficialista.

En la votación de la primera denuncia, el 2 de agosto pasado, el oficialismo había sumado 263 votos frente a los 227 que pidieron que Temer respondiera ante los tribunales.

En este caso, se han ausentado 25 diputados y otros dos se han abstenido, lo que en parte pudiera explicar la pérdida de votos a favor de Temer.

Sin embargo, fuentes políticas sostienen que algunos partidos de la coalición de Gobierno y sus parlamentarios han decidido comenzar a distanciarse de Temer, quien según los sondeos de opinión tiene apenas entre un 3,5% y un 5% de apoyo popular.

Esos bajos índices, los peores que ha tenido un presidente de Brasil en décadas, serían un fardo pesado de cara a las elecciones de octubre del año próximo, en las cuales será elegido un nuevo presidente, pero también serán renovadas las cámaras legislativas.

Según fuentes del Gobierno, Temer ahora espera concentrarse en la aprobación de polémicas reformas estructurales, entre las que está una impopular alteración de las leyes que rigen para el acceso a la jubilación, para las cuales necesitará el apoyo del Congreso.