«Podemos tiene el deber moral y cívico de decir no a unos presupuestos que no atienden al cumplimiento efectivo de todos los derechos sociales de todas las personas de Bizkaia y que apuntalan una política económica e industrial incapaz de reaccionar ante la situación de empresas como CEL, General Eléctric, La Naval o Siemens Gamesa», ha destacado en una nota la juntera Asun Merinero, responsable de economía de este grupo.

En sus enmiendas, Podemos propone un plan de auditorías independientes de la deuda de la Diputación y de las sociedades forales y la puesta en marcha de un Observatorio contra el fraude fiscal, entre otras actuaciones.

Con la intención de que sea aprobado antes del próximo 1 de enero, las Juntas Generales de Bizkaia tramitan actualmente el proyecto de presupuestos de la Diputación vizcaína para 2018, que ascienden -en lo que respecta a la gestión propia del Gobierno foral- a 1.602 millones de euros, un 2,63 por ciento más que en 2017.