Bárcena recibe a GARA en su sede en Bilbo. Es mediodía y dos chicas adolescentes llegan al mostrador de CEAR-Euskadi en busca de ayuda. Desconocemos cuál será su camino, pero de lo hablado con la directora de la comisión de ayuda al refugiado, se deduce que en ningún caso será fácil, aunque les asistan derechos reconocidos. La política migratoria del Estado está más pendiente de que no lleguen y, cuando lo hacen, de «racanear» con el asilo. La ayuda humanitaria y legal es fundamental y a la vez insuficiente si no se ponen más medios, no hay más que mirar al Mediterráneo o a nuestras calles. Urgen nuevos recursos, explica Bárcena, y subraya que hay demandantes de protección que duermen en la calle porque no hay plazas. Sobre los rescatados del Aquarius, CEAR aboga por respetar su intimidad. Tampoco valora la situación de las personas llegadas en autobús en los últimos días, cuya primera atención está procurando otra organización. «Desconocemos su situación, aquí llegan en función de si van a ser solicitantes de protección», aclara.

¿Qué diferencia hay entre una persona que huye de un conflicto, de persecución... y quien huye de la falta de recursos? ¿

La línea es muy difusa, tienen diferentes derechos, y en la práctica está en peor condición quien emigra bajo el paraguas de ‘busco una vida mejor’ que quien lo hace por motivos de raza, de religión, de orientación sexual... o por razón política, que entran por una legislación diferente. Hay dos legislaciones, la de asilo y de protección internacional, que abarcaría la protección y los derechos de las personas refugiadas o con la protección subsidiaria, y luego está la legislación de Extranjería, que no deriva de convenios internacionales como la Convención de Ginebra de personas refugiadas. El convenio de protección de los trabajadores migrantes España no lo ha firmado, eso ya te da la medida de hasta dónde se quiere comprometer con la inmigración.

En el trasfondo de quienes migran porque quieren buscar una vida mejor hay muchas veces una vulneración de los derechos fundamentales, porque si te tienes que marchar de tu país porque no tienes derecho a la salud, no te permiten trabajar, no tienes acceso a las prestaciones más básicas, porque sufres una discriminación o porque con el gobierno bajo el que vives no tienes garantías de poder alimentar a tu familia, están vulnerando los derechos más básicos de la persona, pero no vas a encajar en lo que se considera una protección internacional, faltaría un pilar, mostrar que tu estado te protege o no te protege. Es una diferencia muy compleja sobre la que hay que trabajar. De hecho, es uno de los grandes retos de la política migratoria y de derechos en los próximos años, buscar cómo proteger también a estas personas.

Desde CEAR han denunciado una política de asilo «rácana».

Es absolutamente restrictiva y comparando con otros estados europeos es muy llamativo. Aquí durante muchos años ha habido un discurso asociado a ‘si aplicamos el derecho bien, vamos a generar efecto llamada’, esa manida y espantosa palabra. Resulta que si hacemos las cosas bien vamos a generar que más personas vengan, o sea que ¿debemos hacerlas mal? Eso es lo que se ha venido haciendo en España durante muchísimos años. Hacemos un proceso garantista, pero al final siempre tiene resultado denegatorio, escatima enormemente lo que es la concesión de la protección. Los parámetros que mueven a las personas a optar por un país u otro suelen ser la familia, las posibilidades de empleo, y el idioma. El efecto llamada normalmente lo produce la familia y el trabajo, por ese orden. En el ámbito del asilo, ni siquiera eso, porque no se puede elegir a dónde migrar, el sistema de la UE pasa por que el primer país seguro al que se llega dentro de la Unión es el país en el que tienes que pedir la protección, entonces no hay efecto llamada.

¿Qué está ocurriendo en el Puerto de Bilbo?

Sabemos que existe esta ruta desde hace muchísimos años, pero era menos visible, los grupos de personas que han ido cruzando eran notablemente inferiores y no se quedaban en los aledaños del puerto. El hecho de que se cierren otras rutas hace que las rutas que estaban funcionado se amplíen numéricamente y tanto la de Bilbao como la de Santander se han ampliado, menos en Santander, porque es un puerto mas pequeño, no porque lo hagan mejor o porque sean más duros, que es un discurso bastante policial.

Cuando empezaron a asentarse personas en los aledaños del Puerto, hablamos con el Ayuntamiento de Santurtzi, nos dirigimos allí con algunas personas del equipo jurídico y con un compañero que habla diferentes idiomas para ver su situación y si querían solicitar protección internacional, porque no solo había personas albanesas, sino de muchas otras nacionalidades. Su intención era marcharse, y ahí no tenemos ninguna actuación. Hemos formado parte de una mesa de coordinación, lo que hicimos fue ponernos a disposición de las personas, pedir respeto a las garantías de derechos y demandar a las instituciones recursos de estancia temporal para que no estuviesen en la calle. La situación no ha mejorado nada. Si funciona es porque detrás hay una red de tráfico de personas, que se está enriqueciendo con la desgracia ajena.

Más de 18 meses para saber si acceden a la protección y la denegación llega cuando la persona ha conseguido asentarse.

Hay un hándicap añadido a la tardanza, porque estamos hablando de 12-18 meses desde que se hace la entrevista hasta que se resuelve, pero hay otro proceso antes, vienen a CEAR, les informamos, les mandamos a la Policía a pedir la cita para formalizar la solicitud, y ahora mismo las citas en Bilbao se están dado casi para diciembre. Estamos hablando ya de dos años y a veces, según sus circunstancias, es fácil que normalicen su situación. De la noche a la mañana, si la resolución es negativa, pasas a ser un emigrante irregular. De hecho, te dicen que tienes 15 días para salir del país. Podría ocurrir que la Policía te pare un día, te pida la documentación y te inicien un procedimiento de expulsión. Por eso siempre intentamos presentar recursos y buscamos otras vías para intentar regularizar la situación por la ley de Extranjería, pero hay muy pocas vías.

¿Cómo son las plazas de acogida con que cuenta la CAV?

En el sistema de acogida estatal hay 8.000 plazas, de las que 463 estan en Euskadi, algunas las gestiona CEAR y otras organizaciones. La mayoría son pisos de acogida, con alojamiento y alimentación. Hay personas con recursos que no llegan al sistema de acogida. Cuando no tienen recursos, lo que se favorece es que tengan tiempo para asentarse, para pasar sus duelos, porque las personas vienen con mucha violencia a sus espaldas, de todo tipo, es un momento de reconstrucción personal, de aprendizaje de castellano, en su caso, y de orientación laboral, formativa, de gente con carreras, con estudios, con expectativas que hay que ajustar a la realidad. Suelen ser seis meses, en algunos casos prorrogables. De ahí pasan a una segunda etapa con apoyo de las organizaciones, pero la primera dificultad es el alquiler, por los requisitos, las fianzas... El primer hándicap es no tener nómina. Por eso hemos hecho una llamada a través de organizaciones a instituciones para que se garantice el pago a través de un seguro de impagos o lo que fuera y buscamos alternativas para que la ciudadanía se anime, para que no se asuste.

¿En qué consiste la propuesta de crear albergues?

Las propuestas que trabajamos con el Gobierno vasco tienen que ver más con la implicación de la localidad en la que están situadas las plazas, para que cuando salen de nuestros pisos tengan más posibilidades de acceso a la vivienda. De ahí nació el programa Auzolana, que de lo que trata es de que se refuerce ese vínculo desde el inicio con la ciudadanía. Hay un problema en el que sí hay competencia autonómica que es que no tenemos dónde alojar a las personas desde que llegan aquí hasta la cita de solicitud. Necesitamos un albergue que dé cabida no solo a los solicitantes de protección, sino a otras personas migrantes en situación vulnerable, que tampoco tienen cabida en recursos municipales. Pero, sobre todo, impidamos que haya personas que son candidatas a solicitar protección internacional y que están en la calle.

¿Hay solicitantes de protección durmiendo en la calle?

Claro que hay gente durmiendo en la calle esperando plazas. Más de un centenar está esperando la asignación de la plaza. Hay gente que se busca la vida, pero estar con familiares también es una situación de presión, una cosa es que te acojan una semana y otra que se alargue durante meses.

¿Cuál es la respuesta del Gobierno de Lakua?

Siempre ha sido positiva. Se acepta la idea de albergue, de que se tienen que ampliar plazas y, de hecho, están buscando recursos, han hablado de 15 viviendas puestas a disposición. Pero luego eso se tiene que materializar en la entrega de llaves y en la apertura del albergue. Hay ayuntamientos, como el de Bilbao, que pone tres pisos para ampliar el sistema de acogida, ahora tenemos el papeleo, ir a la vivienda, ver en que situación está, amueblarla en su caso, dar de alta suministros... esos trámites tienen un plazo, lo que demandamos es que se haga un poco más rápido.

¿Qué historias llegan a CEAR?

Muy diversas y la mayoría muy dramáticas, por las vivencias de origen y de tránsito. Hay personas que proceden de países en los que se vulneran derechos a la salud, al empleo... que se ven privados de todas las necesidades porque hay una situación dictatorial, situaciones de discriminación de las mujeres, violencia procedente de conficto, por orientación sexual, violencia a través de las maras, sobre todo en Centroamérica, todas tienen alguna situación de violencia por detrás, pero también hay mucha resiliencia a pesar de que la acogida es compleja.