La Naval ya ha presentado el ERE de extinción para los 177 trabajadores de la plantilla, por lo que el proceso de cierre va siguiendo los pasos marcados en el plan de liquidación de la empresa.

En este contexto, el comité y la consejera se han reunido en un edificio del Gobierno de Lakua en Bilbo. En el exterior, una concentración de trabajadores coreaba lemas como “Lehendakari, vete tú a Cádiz», donde pueden ser trasladados trabajadores de La Naval si se reincorporaran a Navantia.

En un momento determinado Arantxa Tapia se ha levantado de la mesa y ha zanjado el encuentro. Según el secretario del comité, Juanjo Llordén, porque «se ha enfadado» al preguntarle cosas para las que no tenía respuesta.

«No me han hecho una pregunta, me han dicho que lo único que me interesa es tener el titular de que el astillero no se cierra, y ante esa situación me he levantado de la mesa porque eso no lo voy a admitir», ha replicado la consejera.

La consejera ha declarado que miembros del comité le han acusado de que solo le interesa «el titular de que la Naval no se cierra», y «eso no lo voy a tolerar».

Dos vías de actuación

Mientras la situación se complica, se trabaja en dos vías de actuación. Una, la «prioritaria, porque permitiría ganar tiempo», son las negociaciones con el armador Van Oord para que la draga Alexia, que se empezó a construir y de la que se ha realizado el casco, hoy en día propiedad de los bancos, se termine en La Naval.

Según el comité, la consejera les ha trasladado que estas conversaciones de los gobiernos de Madrid y Gasteiz con el armador son «a cara de perro», y los trabajadores han pedido que se diga ya si se va a construir o no en Sestao. Llordén ha comentado que «parece que Van Oord quiere hacer la draga de una vez por todas, pero así no podemos estar, hay que ponerle una fecha».

La consejera ha admitido que las negociaciones con el armador son «tensas», pero ha matizado que, de momento, «el armador no se ha levantado de la mesa, queremos agarrarnos a esa esperanza, aunque la situación es muy compleja». Tapia no ha querido poner ninguna fecha, como pedía el comité, para darle el «confort suficiente al armador» y evitar un «ultimátum».

La otra línea de trabajo es buscar un inversor privado que se haga cargo del astillero. Según la consejera, hay «inversores con garantías de seriedad y de funcionamiento a futuro que nos permiten decir que ese interés podría materializarse, pero a día de hoy aún es muy temprano».

Rescate público

Para el comité la solución no es un inversor privado, sino un rescate público. «El 88% de la plantilla tiene derecho a reincorporarse a Navantia, ¿no será más fácil que el Gobierno central nos compre que 150 familias tengan que irse al exilio?», se ha preguntado Llordén.

La consejera ha indicado que presentará el martes un informe, que enviará al Parlamento y al comité de empresa, según el cual en el proceso de liquidación un Gobierno podría comprar como mucho hasta el 50% del astillero. «Por tanto, necesitamos un inversor privado».

Para el comité, «la única realidad es que nosotros a partir de mañana no cobramos, y el tiempo se acaba. Han tenido un año para buscar inversores y llegar a un acuerdo con Van Oord; no sé si habrán trabajado mucho o poco, pero resultados, ninguno».

La consejera ha admitido «que es un día complicado, que ya no se garantizan los salarios y que pasan a un ERE, y que eso provoca mucha tensión».