Esta normativa municipal se articula en línea con la Ley navarra para la Igualdad que previsiblemente aprobará hoy el pleno del Parlamento y que insta a los municipios a integrar este principio de igualdad en el ejercicio de sus competencias.

Así la ordenanza establece la obligatoriedad de incorporar criterios de igualdad para la adjudicación de contratos públicos o para la concesión de ayudas y subvenciones, y la inclusión de la perspectiva de género en ámbitos como el deporte, la educación o el urbanismo.

Además, será necesario elaborar informes sobre el posible impacto de género de toda norma o plan que se quiera desarrollar.