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MADRID

El Tribunal Supremo suspende cautelarmente la exhumación de los restos de Franco

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha decidido por unanimidad suspender cautelarmente la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos, que debía llevarse a cabo el próximo 10 de junio.

Tumba de Franco en el Valle de los Caídos. (Oscar del POZO/AFP)
Tumba de Franco en el Valle de los Caídos. (Oscar del POZO/AFP)

El Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad suspender cautelarmente los planes del Gobierno español de exhumar los restos de Francisco Franco de la basílica del Valle de los Caídos el próximo lunes en lo que resuelve sobre el fondo del recurso de la familia del dictador y otros tres recurrentes.

Según ha informado el alto tribunal español en un breve comunicado tras dos horas de deliberaciones de la Sección Cuarta de su Sala de lo Contencioso, que este martes ha estado integrada por cinco magistrados, el principal argumento para acceder a las medidas cautelares solicitadas por los nietos del dictador es la de «evitar el perjuicio» que de otra manera se causaría tanto a los recurrentes como «a los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales».

Estos, dice la Sala, «se verían gravemente afectados si, exhumados esos restos, se estimara el recurso y fuera preciso devolverlos al lugar en que se hallan». 

La Sala, presidida por Jorge Rodríguez Zapata, ha estado también integrada por los magistrados Celsa Pico, José Luis Requero, Pablo Lucas y Antonio-Jesús Fonseca-Herrero.

Los recursos que deben aún resolver se presentaron contra el acuerdo por el que el pasado 15 de febrero el Consejo de Ministros autorizó la ejecución de la exhumación, siempre y cuando la familia del dictador accediera a elegir una ubicación distinta a la cripta de la Catedral de la Almudena para inhumar de nuevo los restos.

Ante la negativa de la familia de renunciar por el momento a enterrar a Franco en la sepultura que poseen a perpetuidad en la cripta de La Almudena, un lugar que el Gobierno español considera inadecuado por su situación tan céntrica y su interés turístico, el Ejecutivo aprobó posteriormente, el 15 de marzo, otro acuerdo por el que decidía reinhumar los restos del dictador en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio y fijaba para el 10 de junio la fecha de los trabajos de inhumación.

Tanto la familia como la Fundación Francisco Franco y el resto de recurrentes apelaban al daño que se causaría si se trasladan los restos del dictador antes de que el Supremo dicte sentencia sobre el fondo del asunto. Es decir, si se trasladan esos restos al cementerio de El Pardo- Mingorrubio, en Madrid, y luego el tribunal resuelve que han de regresar al Valle de los Caídos.

«No es extraño»

Fuentes del Gobierno español citadas por Efe y Europa Press asumen dentro de la normalidad la decisión de paralizar por el momento la exhumación hasta que el tribunal resuelva sobre el fondo del asunto.

«No es extraño que el Tribunal Supremo suspenda la ejecución de una decisión cuya legalidad tiene que revisar a instancia de parte», considera La Moncloa en una primera reacción a la noticia.

No obstante, el Ejecutivo está «convencido» de que la corte desestimará los recursos presentados contra la exhumación cuando resuelva sobre el fondo de la cuestión, como ha venido haciando hasta la fecha con todos los recursos planteados por la familia Franco.

Entre tanto, y como consecuencia de la suspensión cautelar decidida este martes por el Supremo, «el Gobierno pospondrá la ejecución de la exhumación hasta que en los próximos meses se dicte sentencia sobre el fondo del asunto».

Por su parte, la Fundación Francisco Franco se ha felicitado por el «varapalo judicial» sufrido, a su juicio, por el Gobierno español con la decisión del Tribunal Supremo de paralizar cautelarmente la exhumación.

«Frente a la arbitrariedad, se ha vuelto a imponer, para bien de los españoles, el Estado de derecho», asegura la Fundación, que considera que la suspensión ha puesto coto a las «continuas fanfarronadas» y «bravuconerías» del Gobierno de Pedro Sánchez sobre este asunto.