En el primer caso, el Gobierno sostiene que más de un 6% de la población está en condiciones de dirigirse a la Administración en euskara, pero para atenderles solo el 3% de los empleados públicos tiene plaza en este idioma, mientras que del IRPF insiste en la necesidad de buscar una fórmula que dé seguridad jurídica.

Para Navarra Suma, sin embargo, ha dicho Carlos Pérez Nievas, la cuestión no es que desaparezca el euskara pero «no puede ser que sean el 100% de vascoparlantes en los servicios centrales», porque «el respeto al euskera es otra cosa», y devolver el IRPF a las madres «es cuestión de voluntad política, la legalidad es una excusa».

Por su parte, Ramón Alzórriz, PSN, ha asegurado que la presidenta María Chivite «cumplirá con su palabra de devolver ese dinero a las madres» y para ello se va a buscar el mecanismo y se va a encontrar.

Desde Geroa Bai, Uxue Barkos ha recordado que el euskara y el IPRF por maternidad son dos cuestiones que han centrado gran parte de las críticas de Navarra Suma, pero «en ambas, los servicios jurídicos del Gobierno indican que adolecen de falta de rigor y esto explica y tiene dimensión en muchas de las políticas faltas de realidad e instrumentalizadas por parte de la oposición en la legislatura pasada».

Para Adolfo Araiz, de EH Bildu, «tal y como está la legislación navarra es imposible la devolución» del IRPF a las madres y ha defendido el autogobierno del herrialde frente a una política que suponga un mimetismo de lo que haga el Estado, lo que «sería muy grave» también en los tribunales, a su juicio, por lo que ha abogado por unas devoluciones «en función de las rentas», ya que lo que propone Navarra Suma beneficiaría más a las altas.

Y en cuanto al euskara, ha añadido que la coalición abertzale está «en las antípodas» de NA+, «no estuvimos de acuerdo con el decreto foral que lo regulaba» porque «quedó rácano», pero de momento «defenderemos el mínimo de valoración que hay ahora».

Mikel Buil, portavoz parlamentario de Podemos, ha pedido tiempo para estudiar los últimos datos en materia de euskara, aunque en todo caso este es un asunto de «derechos lingüísticos», ha precisado, y ha añadido que en el caso del IRPF su formación es partidaria de esperar a la sentencia sobre los recursos presentados por las afectadas.