Dos heridos de bala, uno de ellos con pronóstico reservado, y otras dos personas que requirieron ingreso hospitalario es el balance que dejó la intervención policial durante las masivas protestas contra el nuevo Gobierno peruano que en la tarde noche del jueves se dieron en todo el país.

El más grave de los heridos es Percy Pérez, de 27 años, que recibió un impacto de bala en el abdomen y tuvo que ser operado en el área de emergencias del Hospital Almenara, donde se encuentra «delicado y con pronóstico reservado». También fue ingresado por herida de bala en el mismo hospital Luis Alejandro Aguilar, de 26 años, quien se encuentra estable.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú indicó, por su parte, que además de estos dos heridos graves hay una tercera persona, Rubén Guevara, también de 27 años, que recibió un impacto en el rostro de un cartucho de perdigones y quedó con el «rostro desfigurado, con posibilidad de lesiones permanentes en el ojo izquierdo».

La confirmación de los heridos de bala se produce después de que durante la noche se difundieran numerosas grabaciones de cuestionadas actuaciones policiales, entre ellas las de aparentes agentes encubiertos que hacían uso de sus armas de fuego en mitad de la protesta.

El Defensor del Pueblo pidió a la Policía dejar «de forma inmediata» de usar gas lacrimógeno contra los manifestantes. La ONU y organizaciones de derechos humanos también expresaron su preocupación por la violencia policial.

Hartazgo general

Tras la destitución del presidente Martín Vizcarra a manos del Congreso, decenas de miles de personas en Lima y muchas miles más en prácticamente todas las ciudades del país se manifestaron en contra del nuevo presidente de transición, Manuel Merino, su Gobierno, y contra el Congreso que votó abrumadoramente en favor de la destitución de Vizcarra, al que los tribunales han impedido salir del país durante 18 meses.

La grave crisis que afronta Perú muestra el hartazgo general de la sociedad peruana ante una clase política a la que se acusa de corrupta y de velar solo por sus intereses particulares, en un país inmerso además en una grave crisis sanitaria y económica por la pandemia del  covid-19.

Las manifestaciones ciudadanas, que incluyen marchas, cacerolazos y bocinazos nocturnos, enfatizan que no lo hacen en defensa de Vizcarra sino «de la democracia», al considerar que el Congreso ha dado un golpe de Estado encubierto para copar el poder y cambiar normas fundamentales en el país.

Entre esos temores están que se modifique el calendario de las elecciones generales que deben celebrarse en abril del próximo año y que se cambien o anulen normas que cuentan con gran aprobación social, como la reforma de la educación universitaria.

El Legislativo acusó a Vizcarra de «incapacidad moral»  tras ser denunciado por presunta corrupción, pero para los manifestantes la lucha contra la corrupción solo es una coartada para encubrir intereses particulares de los diputados que guían sus decisiones, que van desde la búsqueda de respaldo para sus líderes hasta beneficios económicos.

Los peruanos han visto como todos sus expresidentes han sido comprometidos en investigaciones vinculadas con los sobornos y pagos irregulares que hizo Odebrecht para conseguir grandes licitaciones de obras públicas.

Las investigaciones fiscales han implicado a Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), a los que se ha unido en las ultimas semanas Martín Vizcarra (2018-2020), mientras que Alan García (2006-2011) se suicidó el año pasado, cuando iba a ser detenido.