Según han informado Argitan y Berri-Otxoak, el juzgado ha emitido una orden de desalojo para el miércoles 21 de mayo a las 9.15, a petición de la sociedad pública de alquiler del Ejecutivo autonómico, Alokabide, en contra de esta madre, vecina de Barakaldo de 41 años.

Ante este hecho, activistas sociales convocados por las dos plataformas se ha concentrado ante el Ayuntamiento de Barakaldo para reclamar «el derecho a una vivienda digna» y contra los desahucios.

Los dos colectivos han denunciado que «las administraciones públicas, al promover o permitir estos desalojos, incumplen las resoluciones de obligado cumplimiento de las Naciones Unidas y del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que exigen una vivienda alternativa cuando afecte a familias en situación de precariedad y, especialmente, cuando hay menores perjudicados».

La asociación feminista y la plataforma contra la exclusión social han arremetido además contra el Ayuntamiento de Barakaldo, cuyos servicios sociales, han denunciado, al igual que Alokabide, «no han atendido la demanda de una solución a este nuevo desahucio, pese a las solicitudes planteadas por la mujer amenazada con quedarse en la calle».

«Ni el Ayuntamiento ni el Gobierno vasco han ofrecido hasta la fecha ninguna vivienda alternativa, como exige la actual ley, ante la constatación de la situación vulnerabilidad que sufre esta mujer, según informe remitido al juzgado de Barakaldo y como demanda, además, su situación de mujer víctima de violencia machista», han censurado.

Según han explicado, la afectada «lleva varias semanas intentando que los recursos sociales del Ayuntamiento de Barakaldo o el Servicio Vasco de Vivienda regularicen su situación y el uso de la vivienda en la que reside o el acceso a otra vivienda en régimen de alquiler social».

Argitan y Berri-Otxoak han recordado que cada semana se producen una media de cuatro desalojos en Barakaldo, localidad que ya acumula más de 1.800 desahucios desde 2012.

Asimismo, han recordado que, de acuerdo el protocolo antidesahucios acordado en 2013 por el Gobierno Vasco, Eudel y el Consejo General del Poder Judicial, y renovado en el mes de febrero del 2019, los servicios sociales de base deben «dar una respuesta inmediata y una tramitación urgente cuando hay familias vulnerables afectadas por una situación de desahucio, y garantizar el acceso a un alojamiento de urgencia».