«Las lenguas de Francia son un tesoro nacional (...) que no deja de enriquecer nuestra cultura francesa». Emmanuel Macron parte de la conocida posición de elogio al débil para hacer más digerible la hegemonía del poderoso.

Poco importa que una sesentena de sus parlamentarios estamparan hace mes y medio su firma en el recurso contra la Ley Molac. A 26 de mayo Emmanuel Macron ha evitado hacer una mención indispensable al origen de la enfermedad, para ofrecerse directamente como el muñidor de una pócima mágica.

Poco importa que fuera su grupo parlamentario el que canalizara un recurso siguiendo la sugerencia del ministro de Educación, el glotófobo Michel Blanquer, contra la ley que debía dar una garantía jurídica a las lenguas minoritarias, tras 70 años de vacío legal en el Estado francés.

Todo eso ha pasado hace unas semanas, días u horas. Poco importa porque la memoria corta ayuda, o eso cree el usuario de la cuenta, a que se deje de lado que fue el mismo Emmanuel Macron quien cerró, el pasado domingo, la vía del art. 10.2 –revisión del texto en el Parlamento– al promulgar y publicar en el Boletín Oficial la «cepillada« ley de protección de las llamadas lenguas regionales el que se asoma hoy a las redes sociales para vender un bálsamo que rebaje la inflamación.

Así, el presidente francés se ha elevado en inspirador de la decisión comunicada, ayer, por su jefe de Gobierno, Jean Castex, de poner en marcha una comisión parlamentaria que, no se sabe muy bien ni cómo ni para cuándo, tratará de zurcir el roto que ha hecho el Consejo Constitucional.

Y es que los «sabios», empleando la artillería pesada para matar moscas, no solo pusieron patas arriba el sistema de inmersión, sino que presentaron una enmienda en toda regla al modelo de contrato al que en las dos últimas décadas se consagró, a regañadientes, el propio Estado.

La presión y el trabajo incansable de la sociedad llevaron a que, sorteando las limitaciones de  la Carta Magna, el Estado, las instituciones intermedias y los actores educativos cosieran una cierta red que, con todas sus flaquezas, ofreció si no una garantía legal firme sí un grado básico de aceptación, a un modelo pedagógico, el inmersivo que, según señalan los propios informes del Ministerio de Educación, es exitoso.

Apagar el incendio que amenaza a sus alianzas

Con todas las colinas ardiendo, a unos días de que arranque la campaña hacia la elecciones regionales y departamentales, esta mañana Emmanuel Macron se ha puesto el traje de «primer bombero de Francia».

Todo con tal de apagar, siquiera las llamas más altas, del incendio que ha desatado el Constitucional gracias a que la mayoría macronista le proporcionó la mecha. Pegó la patada al avispero, pero tiene tratamiento contra las picaduras.

«Desde hace décadas, un gran movimiento de transmisión por la escuela inmersiva, a través de asociaciones como Diwan, Seaska, las Calandreta, Bressola, ABC y otras han hecho vivir estas lenguas y garantizado su futuro», ha señalado en su mensaje el inquilino del Elíseo, haciendo suyos, casi al dictado, los argumentos que le transmitió, el viernes, vías redes sociales, y el lunes a través de las columnas de ‘L'Express’ su mentor, el centrista François Bayrou.

El dirigente del MoDem y, siguiendo su misma senda, ayer también el presidente de Pirineos Atlánticos, Jean-Jacques Lasserre, dejaba sentado que «no aceptará» la decisión del Consejo Constitucional, si de ella se deriva el cuestionamiento frontal de un sistema de inmersión a cuya inserción en el cuadro normativo francés contribuyó él mismo –con unas decisiones más que con otras– durante su ya lejana etapa como ministro de Educación.

Los centristas son claves en la gobernabilidad en París y han dado ya algún que otro susto a Emmanuel Macron haciendo que decaigan propuestas del Ejecutivo en la Asamblea Nacional.

Un factor a tener en cuenta en la larga lista de «efectos colaterales» que se derivan del fallo del Consejo Constitucional, máxime a un año de las lecciones presidenciales.

En 2017, el pacto de primera hora con Bayrou dio un revulsivo a la campaña de Macron y, aunque las relaciones han oscilado desde entonces, la crisis abierta por el ataque a las lenguas regionales ha llevado al primer edil de Pau a marcar posición.

A sabiendas, claro está, de que las elecciones departamentales y regionales sirven para fijar el precio de los pactos futuros, con vistas a la liza por el Elíseo. La yuxtaposición de contextos –e intereses– va a ser una constante, lo es ya, en la gestión de las crisis abierta a raíz de la mala digestión que causó en los guardianes del jacobinismo la aprobación de la Ley Molac en la Asamblea Nacional, el 8 de abril.

«El Derecho debe liberar, no asfixiar»

Extendida una generosa dosis de jabón, destinada a glosar el compromiso en favor de las lenguas de «numerosas gentes comprometidas, muchas veces de manera altruista» en el impulso a las lenguas minoritarias, Macron incluye en su mensaje una crítica al Constitucional al sentenciar que «el Derecho debe liberar, nunca asfixiar; abrir, nunca constreñir».

«En tanto que presidente de la República soy a la vez protector de la lengua francesa y guardián de la riqueza que constituyen las lenguas regionales», señala Macron para explicar que, desde esa perspectiva, «he solicitado al Gobierno y al Parlamento que busquen los medios de garantizar la transmisión de esta diversidad lingüística en el respecto de los cuadros pedagógicos reconocidos desde hace medio siglo».

Si en su mensaje de valoración de la sentencia del Consejo Constitucional el presidente y candidato a la reelección, Jean-Jacques Lasserre, cuya lista incluye, por cierto, a La République en Marcha (LREM), aspiraba a una reacción de las más altas esferas, hoy unas líneas en redes sociales han servido a Emmanuel Macron para dar cierta satisfacción a la «queja airada» de los centristas.

Sin embargo, en Euskal Herria no parece que esas palabras vayan a servir para distraer de sus objetivos a los actores institucionales y sociales que, el pasado viernes, hicieron causa común a la hora de considerar la decisión del Consejo Constitucional como «una declaración de guerra» contra las lenguas minorizadas.

«El comunicado del presidente de la República pretende dar seguridad pero no garantiza nada», ha respondido, de hecho, vía Twitter, el presidente de la Mancomunidad Vasca, Jean-René Etchegaray, llamando a la movilización convocada para este sábado en Baiona. También el presidente de Seaska, Peio Jorajuria, y el responsable de la Oficina Pública del Euskara (EEP), Antton Curutcharryk, han realizado por redes sociales apelaciones expresas a la movilización ciudadana.

Efectivamente, lejos de los ambientes palaciegos, de Guingamp al Limousin, de Bastia a Colmar, de Occitania a Euskal Herria, las calles darán cobijo, el 29 de mayo, a la defensa del modelo inmersivo.

En Baiona, una manifestación impulsada por organizaciones de todas las redes educativas y que llevará como lema «Euskarak murgiltzea behar du» partirá a las 16.00 del polideportivo Lauga.