El primer ministro francés, Jean Castex, ha anunciado este martes que va a nombrar a dos diputados con la misión de «extraer todas las consecuencias» de la decisión del Consejo Constitucional de censurar la «educación inmersiva» en lenguas minoritarias como el euskara.

El dictamen dado a conocer el pasado viernes por el Consejo Constitucional dejaría al margen de la ley esos centros educativos, entre los que se encuentran las ikastolas. Daba así respuesta al recurso presentado por un grupo de diputados contra la bautizada como Ley Molac, que ofrecía por vez primera cobertura a estos idiomas minorizados. Dos días después el presidente Enmanuel Macron se ha apresurado a sancionar la norma, una vez ‘cepillada’.

«Voy a encomendar a dos diputados una misión, cuyos resultados espero en unas semanas, para que se saquen todas las consecuencias de esta decisión del Consejo Constitucional», ha manifestado Castex, preguntado por varios electos durante una sesión de control al Gobierno en la Asamblea Nacional.

«A continuación, junto con el Ministro de Educación y en base a las recomendaciones formuladas, recibiré a todos los representantes de los establecimientos educativos en lenguas regionales», ha añadido. Según Matignon, aún no se ha decidido el nombre de los dos ponentes.

Antes de las presidenciales

«No quiero que esto sea una maniobra dilatoria», ha advertido Paul Molac, impulsor de la norma, preocupado por las consecuencias que la decisión del Consejo Constitucional pueda tener sobre los modelos de enseñanza inmersiva ya existentes.

El diputado bretón ha advertido de la necesidad de encontrar una solución antes de las presidenciales de 2022, porque ahora mismo esos centros escolares «están en el punto de mira».

Castex, electo de los Pirineos Orientales y hablante de catalán, ha asegurado ante la Cámara que «no hay oposición entre estas lenguas regionales y el francés, la lengua de la República. Los idiomas regionales, lo digo ante la Asamblea, son una oportunidad para la República Francesa».

También preguntado al respecto, el ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, ha declarado que tiene su «mano extendida» hacia los centros que «pueden pensar que corren un riesgo como consecuencia de esta decisión», como por ejemplo las escuelas Diwan en lengua bretona. «Miraremos con ellos para ver cómo podemos avanzar», ha añadido.