El consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha presentado en el Parlamento el “Informe de Incidentes de Odio de Euskadi 2020” elaborado en colaboración con la cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la UPV-EHU. El pasado año los delitos de odio tuvieron un enorme incremento del 194%, pasando de los 105 a 241, lo que se ha atribuido a una «mayor eficacia policial tanto en su detección, como en su registro», así como en una mejoría en la capacidad posterior de identificar la realidad del delito. Es la quinta ocasión en la que se hace público un trabajo de este tipo.

El informe, elaborado bajo la dirección y coordinación de Jon Mirena Landa y Enara Garro, recoge que el 48,5% (117 casos) fueron de carácter racista o xenófobo. Los colectivos más afectados fueron las personas árabes (29 casos, 25% del total de ataques racistas o xenófobos), seguidos de personas negras (24 casos, 20,5%), personas atacadas por su nacionalidad o procedencia (25 casos, 20,3%), personas latinas (17 casos, 14,5%), personas de etnia gitana (9 casos, 8%) y personas asiáticas (1 caso, 1%).

Más de una quinta parte de los delitos, el 21% (50 casos) lo fueron contra la orientación e identidas sexual. En este caso,  el colectivo más victimizado es el gay, con 31 incidentes (62% del total de ataques contra la orientación e identidad sexual), el transgénero con 10 (20%), y las lesbianas con 3 casos (6%).

29 ataques los sufrieron personas con diversidad funcional. Las personas que más delitos de odio sufrieron el año pasado fueron las que padecen discapacidad mental (9 casos, 31% del total de ataques por diversidad funcional), seguidas de las que padecen discapacidad física (5 casos, 17%) y quienes sufren discapacidad psíquica (4 casos, 14%) o sensorial (4 casos, 14%).

Mayoría de lesiones y producidas en la vía pública

Por lo que respecta al tipo de delito, según la tipología predominaron las lesiones (71 casos, el 29,5% del total), seguidas de amenazas (53 casos, 22%), coacciones (30 casos, el 12,5% del total) y trato degradante (30 casos, el 12,5% del total). Cabe reseñar también,  se han registrado 2 delitos de agresión sexual y 1 caso de homicidio no consumado.

La mayoría de los delitos de odio, en 2020, se produjeron, en un 38,6%, en las vías públicas y, en muchas ocasiones, en los aledaños del hogar de la víctima teniendo en estos un impacto psicológico adicional, ya que estos incidentes pueden llegar a afectar a sus familias. En segundo lugar, el 25% de los casos se aglutinan dentro de la propia vivienda o zonas comunes.

El pasado año, solo el 8% de los casos tuvieron lugar en locales de hostelería, ocio y similares, por las restricciones de la pandemia. El cuarto puesto lo ocupan los delitos de odio cometidos en internet, el 7,5% del total.

Debate político

En el turno de intervenciones de los grupos, todos ellos sin ninguna excepción han rechazado la agresión sufrida por un grupo de miembros del PP en Gasteiz el pasado sábado, concretado en la figura del exconcejal Iñaki García Calvo.

Por otra parte, tanto Iñigo Martínez, de Elkarrekin Podemos-IU, y Julen Arzuaga, de EH Bildu, han denunciado que el vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, haya llevado a la Fiscalía una campaña de Ernai sobre la Ertzaintza como delito de odio, lo que consideran improcedente desde el punto de vista penal, puesto que el artículo 510 del Código Penal tiene un catálogo tasado de delitos. También ambos ha puesto sobre la mesa las denuncias de racismo policial que se pudieron escuchar en el propio Parlamento por colectivos sociales del barrio de San Francisco en Bilbo.

En su respuesta, Josu Erkoreka  –mucho más beligerante incluso en lo personal con Julen Arzuaga que con Iñigo Martínez– se ha centrado en que él considera que la campaña de Ernai incita al odio, puesto que incluso incluye esta palabra, y que ahora será la Fiscalía quien decide si existe delito o no. En cuanto a las denuncias de racismo policial, el consejero subraya que la Ley de Policía prohíbe ese tipo de hechos y que se ha hablado con generalidades pero no hay denuncias judiciales concretas y que, por tanto, no puede actuar.