El lehendakari de la CAV, Iñigo Urkullu, se ha mostrado contrario a las modificaciones planteadas este pasado miércoles por el Ministerio español de Sanidad contra la pandemia y ha calificado las medidas como una «invasión de competencias» y que evidencian «desconcierto absoluto». Ante ello, ha afirmado que la CAV «seguirá su propia hoja de ruta» y mantendrá las medidas actualizadas el pasado lunes.

El punto de discrepancia evidente en la práctica es el referido a la hostelería. El documento establece que las comunidades con incidencia acumulada de entre 150 a 250 casos por 100.000 habitantes en 14 días tendrán que cerrar los interiores, algo a lo que el Gobierno de Lakua se ha mostrado reacio y que ahora le haría tener que volver atrás sobre sus pasos.

Esta situación, además, podría prolongarse si se tiene en cuenta la CAV está por encima de 200 todavía, en una fase calificada como «de riesgo alto» por el semáforo estatal.

El Departamento de Salud de Lakua no participó ni en el debate ni en la votación sobre el documento presentado por Sanidad, que contemplaba medidas relacionadas con horarios de hostelería, ocio, eventos o cribados, por considerar que afectan a competencias de las instituciones de la CAV. El lehendakari, a su llegada al Parlamento de Gasteiz este jueves, ha endurecido el discurso asegurando que suponen una «invasión de competencias» y que «el Gobierno central debería ser consciente de que en Euskadi tenemos nuestra propia hoja de ruta, que es el Plan Biziberri».

Urkullu ha defendido este plan que, según sus palabras, «se ha mostrado como un instrumento eficaz». Frente a ello, ha señalado que la forma de actuar del Gobierno de Pedro Sánchez «evidencia el desconcierto absoluto».

Por otra parte, ha considerado «curioso» que el Gobierno español decidiera no prorrogar el estado de alarma e «invitara» a las comunidades autónomas a recurrir a la Justicia en defensa de eventuales recursos ante sus decisiones en materia de gestión de la pandemia, y que ahora «nos venga con este tipo de decisiones, sin consenso y como imposición».

Respecto a si la parte del PSE del Gobierno de Lakua comparte estas reflexiones, ha recordado que el 'Plan Bizi Berri' fue aprobado «de forma unánime» en el Consejo de Gobierno, y que los representantes del PSE participaron en la reunión del lunes en la que se revisaron las medidas preventivas contra el coronavirus. «No tengo nada que sospechar de la actitud del PSE como socio de coalición de gobierno; estamos hablando de un ámbito competencial y de unas actitudes del Gobierno central», ha añadido.

El lehendakari, en respuesta a una pregunta sobre si tiene intención de trasladar al presidente del Gobierno español su rechazo a lo que considera una invasión competencial, ha recordado que ya contactó con Pedro Sánchez para pedirle que prorrogara el estado de alarma. «Contestó que no, que las decisiones se adoptarían en el Consejo Interterritorial; y ya hemos visto cuál es la actitud», ha manifestado.

Empezó Madrid

En realidad son varias las comunidades que se han plantado contra la intención del Ministerio de Sanidad de imponer esta hoja de ruta. La primera en hacer fue la Comunidad de Madrid liderada por Isabel Díaz Ayuso, apenas minutos después de la votación y remarcando que el punto de conflicto es la imposición de cerrar interiores de hostelería.

Tanto Madrid como Castilla-León han dicho que acudirán a los tribunales para recurrir esta medida, mientras Galicia (gobernada igualmente por el PP) se pregunta hasta qué punto puede imponer Madrid la decisión. Algo que también se ha preguntado Urkullu.

Catalunya se ha posicionado en la línea de la CAV, asegurando que se trata de una invasión competencial y subrayando que mantendrá su propia estrategia de respuesta.

Por el contrario, Nafarroa mantiene su alineamiento con el Gobierno estatal, escenificado además en la reunión celebrada en Iruñea al sentarse la consejera Santos Indurain junto a la ministra Carolina Darias.