El choque que Lakua y el Gobierno español mantienen a cuenta de las medidas acordadas el miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud, cuya entrada en vigor es inminente, subió ayer un grado más, con fuertes reproches por parte del portavoz del Ejecutivo autonómico y advertencias cada vez menos veladas del Ministerio de Sanidad.

Un rifirrafe inesperado tras un año largo de encuentros y desdencuentros, en el que el PSE, socio de gobierno del PNV en Gasteiz, ha decidido marcar posición en favor de las tesis de Madrid.

Si el jueves el partido que lidera la vicelehendakari Idoia Mendia consideraba que el Gabinete de Pedro Sánchez «tiene que entender la particularidad de la situación que se da en cada comunidad autónoma», y le pedía «respetar las casuísticas que se dan en cada autonomía y los mecanismos previstos en cada una de ellas», ayer el secretario general del PSE de Gipuzkoa, Eneko Andueza, consideró que si las medidas adoptadas por el Consejo Interterritorial «son de obligado cumplimiento», desde el punto de vista de «la legalidad», «lógicamente, no habrá más remedio que acatarlas».

A preguntas de los periodistas en una rueda de prensa para hacer balance de los dos primeros años de legislatura en Gipuzkoa, el líder del PSE en ese herrialde dijo apostar por el diálogo para «reconducir» esta situación de «desencuentro», y descartó que este asunto pueda tener repercusiones en el seno del Gobierno autonómico, pero también salió en defensa del Ejecutivo español, y sostuvo que pretende dar «coherencia» a las restricciones para que «no haya una desescalada a diferentes velocidades».

Andueza consideró que a pesar de las críticas formuladas por el lehendakari, «va a prevalecer la lealtad» institucional, y descartó que «en la cabeza» de Iñigo Urkullu «esté recurrir a los tribunales». «No suele ser su forma de proceder», apostilló.

Darias ya ha mandado la orden

El recorrido que puede tener este asunto en los tribunales está por ver, pero este periódico ha podido saber que hoy por hoy la previsión de Lakua sigue siendo ceñirse al Plan Bizi Berri y atenerse a lo decidido en el LABI.

Sobre este asunto, el portavoz del Ejecutivo, Bingen Zupiria, acusó al Gobierno de Sánchez de haber «roto» la «lealtad» entre ambas partes. «No es una cuestión de desobediencia, sino que hay que decirle claramente que ha roto todas las normas», valoró en una entrevista en ETB.

Sin embargo, de momento estos reproches no han tenido mayor efecto, ya que el Ministerio de Sanidad ha remitido a las comunidades la orden para la aplicación de las restricciones decididas en el Consejo Interterritorial. En el escrito, que se publicará hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se advierte textualmente de que las medidas serán de obligado cumplimiento, «con independencia del sentido de su voto». Se ampara para ello en el artículo 151 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Publicó, aprobada en 2015.

En una entrevista en la Cadena Ser, la ministra Carolina Darias se mostró confiada en que las comunidades respeten el documento de “nueva normalidad”, pero avisó de que si no lo hacen el Gobierno español tendrá que «hacer que se cumpla».

Si nadie recula, habrá que ver qué normativa rige cuando el BOE publique las medidas, y cómo pretenden llevarlas a la práctica si la otra parte se empeña en lo contrario.