«Esto es una auténtica tortura, inhumana, que no se la deseo a nadie en el mundo». Con esta frase ha resumido sus sentimientos Irune Costumero, en la declaración desgarradora que ha realizado en la sala. En la Sección Segunda de la Audiencia de Bizkaia, presidida por María José Martínez, ha arrancado esta mañana la primera de las tres sesiones de la vista oral en las que se acusa de prevaricación, maltrato y delitos de lesiones psíquicas a tres funcionarias y un alto cargo del Servicio de Infancia de la Diputación de Bizkaia.

Son Sergio Murillo, actual diputado de Acción Social, y que en este asunto firmó la orden foral para la retirada de custodia al cubrir la baja del responsable de este servicio; la jefa de Recepción y Valoración del Servicio de Infancia de la Diputación, María Antonia Giner; la jefa del Servicio de Infancia, Consuelo Alonso; y la trabajadora social del Servicio de Infancia Maika Urrutxurtu. Por esta querella, la Diputación ha tenido que depositar ya 600.000 euros en el juzgado.

A los acusados se les piden penas de hasta cinco años de prisión y quince años de inhabilitación especial para cargo público, como responsables del sufrimiento causado a una menor de edad desde 2017, en que fue ‘arrancada’ de su madre –se usa esa terminología– en un centro de la Diputación de Bilbo para cederle provisionalmente su custodia, hasta entonces compartida por decisión judicial, exclusivamente a su padre. Los técnicos y responsables forales hicieron caso omiso a que la niña no quisiera ir con el padre y a que dijera que le pegaba y, por contra, consideraron que había una instrumentalización de la niña por parte de la madre.

Con el síndrome a vueltas

El meollo del asunto es precisamente este supuesto síndrome, negado científicamente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por el que la Relatora de ONU ha criticado duramente el Gobierno español en el caso de Irune Costumero. El propio Consejo General del Poder Judicial lo ha rechazado y será perseguido por la Ley de Protección a la Infancia aprobada en las Cortes españolas, al considerar que menoscaba la credibilidad de las madres y tumba testimonios de malos tratos, volviendo la sospecha hacia ellas.

Porque, como sucede en este caso, la máquina institucional ha seguido rodando pese a que Osakidetza había iniciado tres protocolos por malos tratos ante los signos que mostraba la menor y a que, en su proceso de divorcio, Irune Costumero había denunciado por malos tratos a su exmarido. Pero él fue absuelto, como le recordó la fiscal en su comparecencia como testigo a Costumero… a lo que esta respondió: «Pero eso no significa que no haya pasado».

Apoyo y testigos

Como está previsto que se repita en los próximos días, en exterior de la Audiencia de Bizkaia y a convocatoria del Movimiento Feminista de Arratia, Irune Costumero ha recibido el apoyo y los aplausos de una decena de personas que han querido arroparle en un nuevo paso de este viacrucis que recorren su hija y ella. Ha habido un intento por parte de su abogado de rechazar al tribunal alegando falta de imparcialidad, debido a que tanto la presidenta como una de las magistradas participaron como ponentes en varios autos anteriores relacionados con este caso, pero finalmente la petición ha sido rechazada.

Aunque a quien la acusación tiene en contra es a la Fiscalía, algo que ha quedado patente a lo largo de la vista con su fe de intención inicial y su interrogatorio, hasta el punto de que parecía la defensa a momentos. La presidenta le ha llamado la atención en un momento.

‘Riesgo grave’

La primera en declarar ha sido María Antonia Giner, jefa de Recepción y Valoración del Servicio de Infancia, quien ha explicado el funcionamiento y cómo fue adoptada la decisión de retirar la custodia a la madre en la Comisión de Defensa de la Infancia por medio de una orden foral. A instancias del juzgado de primera instancia de Barakaldo, la rueda comenzó a girar: un divorcio traumático, denuncia de malos tratos que no salió adelante, informes de que la niña está unida «simbólicamente» a la madre de distintas instancias, una valoración de un «riesgo grave» para la niña, el que el padre «siempre aceptase la mediación y ella, no», dijo… y,  al cumplir varios de los indicadores que marca Balora –el sistema de valoración vigente por el Gobierno de Lakua aplicado desde 2011, con revisión en 2017–, se dictó la orden foral. El sistema Balora para estos casos, por cierto, se sigue aplicando en toda la CAV.

Tenían que decidir, como apuntaron también los otros acusados, entre que, debido a que se encontraba en una situación de desamparo, la niña pasara a quedar bajo el amparo de la Diputación o de uno de sus progenitores. Y eligieron la vía «menos mala»; esa ha sido su línea de defensa: que la asumiera el padre. De hecho, tanto según las declaraciones de María Antonia Giner como de Consuelo Alonso, la otra funcionaria que firmó la orden foral, el planteamiento es que la decisión era provisional y que la madre, al iniciar la batalla penal contra esta decisión administrativa, lo que habría hecho es retrasar la posibilidad de que todo volviese a la normalidad se supone.

Una madre a la que se ha querido la echar la culpa, retratándola casi a modo de «mala madre», siempre en contra de iniciar cualquier protocolo o llegar a acuerdos para dulcificar las cosas.

Una de las declaraciones principales del día ha sido la de Maika Urrutxurtu, la trabajadora social que materializó el «arrancamiento» de la niña y de la que se hizo cargo, según ha explicado, cuando la anterior trabajadora social estaba de baja. No conocía a la niña ni a su madre hasta entonces, pero elevó los informes a la comisión ante una situación en la que «había mucho conflicto» y una niña en una situación de desprotección grave.

Maltrato psicológico, instrumentalización, relación «simbiótica» entre madre e hija... su relato ha dibujado a una madre controladora y a un padre que llevaba «16 meses sin ver a su hija. Y el juez no había visto evidencias de que era maltratador, por lo que apostamos por restaurar la relación con el padre. Esta madre no podía separarse de su hija ni siquiera para ir al colegio», ha apuntado.

Entonces, «para revertir esa falta de relación injustificada de la niña con el padre» y a la vista de que «no había ningún indicador de que el padre no era adecuado» –aunque la niña tenía pataletas y rabietas, ha reconocido, en el Punto de Encuentro fijado por los servicios sociales–, se decidió cederle la custodia provisional al progenitor.

Lo vivido el 4 de agosto de 2017, día en el que se quitó su hija a Irune Costumero, es desgarrador hasta en su relato, al que ha quitado bastante hierro Maika Urrutxurtu. En su versión de ese día, en el que ni se les avisó de que les iba a retirar a la niña, la abuela y la madre de la niña llevaron a la menor al lugar que le sabían dicho. La niña no quería ir con su padre, porque decía que le pegaba. La trabajadora social le preguntó entonces «¿por qué decía esas cosas feas?» y, tras cogerla –se realiza con apoyo de la Ertzaintza–, pese a los gritos de la niña y de los mayores, la entregó a su padre, en un momento que, reconoce, resultó «emotivo».

Debe de existir alguna grabación de ese momento, por lo que se intuyó ante la negativa de Maika Urrutxurtu, a preguntas de su abogada, sobre si se reconocía en esa grabación.

Angustia y peticiones

En una declaración en la que no ha podido evitar angustiarse, Irune Costumero no ha podido evitar emocionarse, aunque no se ha roto. Los informes que se han presentado por parte de la Diputación de Bizkaia son, ha dicho, «sesgados» y «los acusados están mintiendo».

«Me gustaría que Maika mirase a los ojos a mi hija –ha dicho– y le diga por qué le quitó a su madre, cuando su madre no había hecho nada. Se la llevó en volandas». Después debía de pasar un mes sin ver a su hija, aunque fueron cinco meses luego: primero con llamadas supervisadas, después con visitas pero sin que pudiera dormir la niña en casa. «Me amenazaban: ‘a ver qué le dices, porque no vas a volver a verla’, me decían en el Punto de Encuentro cuando hablaba por teléfono con ella. No querían que pensara en volver a casa, porque la intención de ellos es que no volviera con su madre».

Su versión de los hechos ha sido diametralmente opuesta, evidentemente. Ha relatado el dolor de ver a su hija triste y con moratones cuando volvía de casa de su padre, de tres protocolos de malos tratos iniciados por Osakidetza y de que está metida en una rueda en la que se le acusa de todo: de no llevar a la niña a la escuela cuando estaba con ella –se le acusa de absentismo escolar, curiosamente, porque no estaba en edad escolar obligatoria–, de angustiar a la niña cuando tenía que ir con el padre –«así la niña no se le puede dejar, me decían, y dejaban la pelota en mi tejado», ha explicado sobre los Puntos de Encuentro–, de estar demasiado unida a ella...

«La Diputación ha intentado revincular al padre a la niña», ha sentenciado, y «a mí me dicen en Diputación que me tengo que curar, que no sé el daño que le estoy haciendo a mi hija, y que tengo un síndrome que no existe, aún no existiendo. Que tengo que curarme de ese Síndrome de Alienación Parental, en este caso marental».  

«La he parido»

«La he parido pero soy un cero a la izquierda», ha concluido. Frente a la defensa, ha afirmado que siempre ha cumplido los protocolos, que cumplía todas las exigencia del Servicio de Infancia y que «he aceptado todo, firmar y firmar, hasta que me pusieran un educador para educarme y que haya entrado en mi casa». Ha firmado, algo que le ha achacado la fiscal, hasta aceptar la custodia compartida con el padre pese a que le denunció por malos tratos. «A mi hija, con esa orden le destrozaron a vida».

Trinidad Estévez, de 72 años, la abuela de la niña, sí se ha roto al narrar lo que ha sufrido esta familia. «Yo eso no lo quería para mi nieta», ha explicado. Dos veces la llevó al Punto de Encuentro, era una «niña rígida». La segunda vez, le mordió la mano a su abuela para escaparse. Luego, llegó el 4 de agosto de 2017… y entre lágrimas, ha relatado, gritó: «Esto es una encerrona, hija mía».

Las declaraciones de los testigos se han completado con las de Raúl Luceño y Yolanda Lucas, técnicos de absentismo escolar del Ayuntamiento de Barakaldo; Nahikari Basurto, que ha ratificado la versión de los acusados sobre su paso por el Punto de Encuentro; e Izaskun Etxebarria, psicóloga clínica de Osakidetza que durante tres años, de 2016 a 2016, trató a la niña.

Esta psicóloga ha hablado también de una situación de «una unión muy fuerte con la madre, de mucha exclusividad» que ha definido como una «relación dual» entre ambas.

Su diagnóstico clínico habla de una situación grave producida por «un factor externo estresante, relacionado con una situación familiar de divorcio de gran conflicto».

La vista oral continuará este martes con más testigos.