El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ha asegurado no saber qué hacía en el Parlamento de Gasteiz hablando de que la Comisión Nacional española del Mercado y la Competencia (CNMC) haya multado con un total de 6,3 millones de euros a 22 firmas de consultoría y a varios de sus directivos, muchos de ellos en relación a contratos con administraciones de la CAV. Ha llegado a calificar de «extravagante» su convocatoria.

Azpiazu ha acusado al grupo proponente, EH Bildu, de justificar su petición «con una manifestación manipuladora y tendenciosa como la de que ‘ha habido irregularidades en 101 licitaciones’ cuando de la tan citada resolución no puede desprenderse más que ‘que se han acreditado hechos que han afectado a 101 licitaciones’».

Con este tipo de matizaciones el consejero del Gobierno de Lakua ha parecido querer restar gravedad a las acusaciones, cuando la CNMC deja constancia de que las empresas han incurrido en «infracciones muy graves de los artículos 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, constitutivas de cártel». Por ello les multa.

A las empresas y los directivos multados se les acusa de repartirse contratos directos de la Administración por la fórmula de pedir a otras firmas que presentaran propuestas menos ventajosas, para conseguir para ellas las adjudicaciones.

Víctima que no busca reparación

Una y otra vez, Pedro Azpiazu –así como los portavoces de PNV y PSE– ha insistido en que el informe asegura que «nos hallamos ante una resolución que en modo alguno pone en cuestión la actuación de las administraciones públicas que hemos resultado afectadas». Por ello, no ven necesario ningún tipo de investigación.

A lo que el consejero no ha respondido ha sido a las preguntas directas de la oposición de por qué, entonces, si el Ejecutivo ha sido una víctima no actúa contra las empresas y no ha iniciado ningún tipo de acción. El parlamentario de PP-Cs, Luis Gordillo, ha mostrado su preocupación porque finalmente los plazos puedan prescribir.

Incidiendo en su posición de espectador, Azpiazu ha manifestado que el Gobierno estará atento al recorrido judicial de esta cuestión y «si en algún momento se siente perjudicado adoptará las medidas que deba adoptar para buscar el equilibrio económico y presupuestario quebrantado».

La oposición se ha mostrado extrañada de que la Administración prácticamente actúe como abogado defensor de las consultoras, mientras éstas no han tenido ningún escrúpulo en asegurar que había connivencia con las instituciones tanto ante la propia CNMC como también en un recurso ante el TSJPV.

Administraciones señaladas

Desde la oposición no se entiende que existiendo hechos probados de que las consultoras han hecho movimientos ilegales y teniendo el Gobierno la convicción de que han actuado correctamente, no se quiera abrir una investigación sobre lo ocurrido. Luis Gordillo ha apuntado que hay casos que no se han investigado por estar prescritos. Josu Estarrona ha recordado que el informe de la CNMC recoge textualmente en su página 175 que «no puede obviarse por esta Sala que existen algunos hechos protagonizados por algunos agentes de algunas administraciones que podrían no tener amparo en nuestro ordenamiento».

A lo que la Comisión añade que «tampoco puede negarse que existen hechos de los que podría deducirse que algunas administraciones pudieron haber tenido conocimiento de la existencia de prácticas contrarias a la competencia o incluso, en algún supuesto aislado, colegirse que la conducta llevada a cabo por las contratar empresas se ha facilitado por parte de los funcionarios encargados del proceso de contratación».

En el informe hay «hechos probados» que muestran que algunas empresas conocían con semanas de antelación proyectos concretos que iban a salir a licitación, lo que da a entender la existencia de algún tipo de connivencia.

Pedro Azpiazu ha defendido también que las empresas multadas sigan siendo contratadas por la Administración, puesto que no hay prohibición para ello. El parlamentario de PP-Cs Luis Gordillo le ha respondido que una cosa es no permitir que acudan a concursos abiertos y otra es que se les invite a participar en contratos sin publicidad, como se sigue haciendo. El consejero ha respondido que el Gobierno está optando por ser cauteloso y prudente, puesto que son actuaciones que podrían generar muchos problemas a estas firmas.

«Se conocen todos»

También ha comparecido ante el Parlamento Ignacio María Alday Ruiz, quien era el director de Investigación de la Autoridad Vasca de la Competencia que llevó a cabo esta investigación. Ha precisado que ésta comenzó cuando recibieron unos «papeles anónimos» que hablaban de la situación. La actual presidenta del organismo, Alba Urresola, afirmó en una entrevista de que había habido una denuncia. Alday justificó la posibilidad de un error, puesto que coloquialmente esos papeles se pueden entender como una denuncia, pero formalmente no es tal puesto que deben seguir una tramitación y estar firmadas y fechadas.

Por otra parte, Ignacio María Alday –a quien se le felicitó por las investigaciones realizadas en la AVC, que desde su marcha hace tres años se han reducido mucho– señaló que en el mundo de las consultoras «se conocen todos», porque han estudiado juntos, pasan de unas empresas a otras, coinciden en eventos. También ha señalado que la obligación de las firmas es anticipar qué pueden querer contratar las administraciones y éstas tienen también que saber cómo esta el mercado.