Lo que en el Parlamento de Gasteiz se llama Pleno de Política General, en el que Gobierno y oposición hacen un repaso contradictorio de la situación, en otras instituciones se denomina Debate sobre el Estado de la Nación, o Debate sobre el Estado de la Comunidad y los hay también de nivel provincial y hasta municipal. A la vista de decisiones adoptadas esta misma semana por el TSJPV, que contradice tanto leyes aprobadas por el Parlamento como decisiones propias del lehendakari, quizá debiéramos hablar en esta ocasión de Debate sobre el Estado de la Región bajo mando de la Sala de los Contencioso-Administrativo, que parece mandar mas sobre epidemiología o sociolingüística que las autoridades.

El pasado viernes, la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, presentó un libro de 700 páginas titulado ‘La Erosión Silenciada’, en el que varios expertos repasaban la actuación de los poderes del Estado para ir desgastando poco a poco el autogobierno ya transferido a la CAV. La consejera habló de que «la progresiva intromisión y, en ocasiones, laminación de las capacidades de las administraciones vascas a través de ingeniería jurídica de diferente índole es moneda corriente por parte del Estado».

Por si la reflexión teórica de la consejera Olatz Garamendi no hubiera quedado suficientemente clara, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que preside Luis Ángel Gordillo, se ha encargado esta misma semana de ofrecer un cursillo práctico en dos clases magistrales.

El primer golpe lo lanzó la Sala de lo Contencioso Administrativo el lunes, al plantear una «cuestión de inconstitucionalidad» sobre una ley aprobada hace cinco años y medio por el Parlamento. La Ley Municipal que en 2016 contó con el apoyo de PNV y EH Bildu, que sumaban el 64% de los escaños del Parlamento y más del 80% de la representación municipal. Y en su artículo 6.2 establece que la actividad dentro del cada ayuntamiento podrá realizarse en euskara «siempre que no se lesionen los derechos de ningún miembro de la entidad local que pueda alegar válidamente el desconocimiento» de este idioma.

Y esto que cualquier persona entiende como que la vida municipal será en euskara allá donde ningún concejal se oponga a ello, es cuestionado por el auto del que ha sido ponente José Antonio González con el apoyo del resto de la Sala, que sostiene que este punto puede ser inconstitucional porque no se define qué es «válidamente», lo que supone un caso «patente» de «inseguridad jurídica y riesgo de arbitrariedad incontrolada».

En contra de muchos estudios, según el TSJPV la enseñanza en la CAV «implica el nivel suficiente de euskera para conocerlo», por lo que un Ayuntamiento podría alegar este dato para seguir comunicándose en euskara con el concejal que dice no saberlo. Además, prevé que podría darse el caso de algún representante que, simplemente, prefiriera comunicarse en castellano y eso no se contempla.

Esta norma aprobada con Mariano Rajoy en la Moncloa, ha estado en vigor durante años sin conflictos prácticos conocidos, pero fue recurrida recientemente por Vox que, para más inri, no tiene representación en ningún ayuntamiento de la CAV. Y al TSJPV le ha faltado tiempo para ir corriendo al TC.

El segundo golpe ha sido fallar a favor de la Liga Profesional de Fútbol que recurrió el decreto del lehendakari que fijaba en el 30% el aforo para los campos. Al margen de que desde el punto de vista del aficionado sea más atractivo sentirse parte de un acto colectivo y de masas que verse aislado en la grada, o que a la LFP le sea económicamente más rentable acercarse a los campos llenos, lo que debiera prevalecer es que el Gobierno de Lakua tomó esa decisión en función de sus criterios técnicos, que no han sido científicamente rebatidos por el auto de Luis Ángel Garrido, que en su día se rió de los epidemiólogos y ahora parece querer usurpar sus funciones por haberse leído los índices de incidencia acumulada.

El lehendakari aprovechó este miércoles el acto de inauguración del curso en la UPV-EHU para exteriorizar su enfado con la decisión, manifestando su «apoyo a la comunidad científica, epidemiólogos, virólogos, médicos, expertos… que constantemente ven sus recomendaciones sanitarias desautorizadas por personas que han demostrado su menosprecio a la ciencia –incluso con declaraciones públicas– pero que tienen capacidad de decidir sobre las cuestiones que afectan a la salud de las personas».

Habrá que comprobar si en el Pleno, y visto lo visto, Iñigo Urkullu mantiene la frase adelantada de su discurso de que «desde el 24 de junio contamos con una Ley Antipandemia Covid, aprobada en ese Parlamento, que nos ha permitido recoger las enseñanzas aprendidas y disponer de un nuevo instrumento jurídico para afrontar posibles rebrotes o situaciones similares en el futuro».

Esta ley se presentó por sus impulsores –PNV y PSE, que no el Gobierno autonómico– como un instrumento necesario de garantía jurídica para que las decisiones del Ejecutivo no siguieran siendo anuladas por la Sala de lo Contencioso Administrativo, lo que este último auto ha vuelto a demostrar que no era del todo cierto. Esto obligaría a todos, también a los medios, a una reflexión sobre la diferenciación entre el discurso oficial y la realidad.

A la vista de la decisión sobre los aforos en los campos de fútbol, el vicelehendakari primero, Josu Erkoreka, afirmó que el TSJPV «ha abrazado las posiciones más antiautonómicas». Se trata de una reflexión que a buen seguro también la hace extensible al recurso de inconstitucionalidad contra el uso del euskara.

Pero la cuestión no es solo quejarse de lo que ocurre, de esa «erosión silenciada» referida por el lehendakari y recogida en un libro. Si el «autogobierno transferido» está siendo recortado unas veces con cucharilla y otras a paladas, si el «autogobierno reconocido» sigue cuarenta años después a expensas de lo que decidan oscuros funcionarios de los ministerios españoles o de las necesidades de apoyo del inquilino de turno en la Moncloa, y si el «autogobierno necesario» precisa para construirlo de la aceptación de quienes no ven necesario más autogobierno, corremos en una noria dentro de una jaula como los hamsters. Año a año perdemos energías en discursos recurrentes sin avanzar un paso.

Por lo demás, se prevé que el lehendakari no perderá la oportunidad de loar los logros de su gobierno en materia económica y también de lucha contra la pandemia. En medios oficiales se viene destacando desde hace ya una semana como un hito extraordinario que en poco más de dos semanas se vaya a tener vacunada con las dos dosis al 90% de la población diana. Sin duda, eso está muy bien, pero no hay que olvidar que son datos inferiores a Nafarroa, Murcia, Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Asturias y Andalucía.

En cuanto a la Incidencia Acumulada por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, y por mucho que el juez Luis Ángel Garrido la considere muy positiva, es verdad que los 154,92 casos cifrados en el último recuento suponen una sustancial rebaja sobre números anteriores, pero no lo es menos que sigue siendo la más elevada de todas las comunidades autónomas del Estado, lo que difícilmente puede ser motivo de orgullo. Ni para el lehendakari, ni para su Gobierno, ni para los partidos que le apoyan, ni para quienes teniendo una toga negra en lugar de una bata blanca o escaños, interfieren en la salud y en la política.