Tortura y privaciones ilegales de la libertad, entre otras prácticas ilícitas, fueron utilizadas para sustentar la llamada «verdad histórica», versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, ha informado este martes el fiscal especial para el caso Omar Gómez Trejo.

Según la polémica versión, los estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa fueron detenidos el 26 de septiembre de 2014 por policías corruptos en Iguala (Guerrero) y entregados al cártel Guerreros Unidos, que los mató e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.

«Hemos avanzado mucho en la controvertida porque mucho de lo que se hizo para quererla sustentar fue obtenido de manera ilícita», ha dicho Gómez Trejo en una conferencia de prensa desde el municipio de Cocula, estado de Guerrero, a unos días de que se cumplan siete años de la desaparición. «Eso quiere decir que incluso testimoniales de personas fueron obtenidas mediante tortura, fueron privadas ilegalmente de la libertad, fueron aisladas completamente de la protección de la ley», ha agregado. Después de ello ha apuntado que «lo que hicieron fue reconstruir una averiguación previa armada con piezas procesales que muchas de ellas fueron elaboradas ilícitamente».

El lunes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México reiteró su rechazo a la versión del Gobierno de Peña Nieto sobre el relato conocido como la «verdad histórica» el cual fue cuestionado por los familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

La investigación señalaba que los cuerpos no pudieron ser quemados en el basurero de Cocula, por ello el Gobierno de López Obrador reabrió la investigación en 2018 y derrumbó esta versión al identificar en julio del año pasado restos de Christian Alfonso Rodríguez en la barranca de la Carnicería, ubicada a un kilómetro del basurero.

«Un conglomerado de funcionarios»

Desde ese lugar, el fiscal Gómez Trejo ha señalado que para defender ese relato «hubo un conglomerado de funcionarios que actuaron de manera ilícita, aprovechándose de la posición que gozaban y en función de eso desviaron una investigación y con ello negaron el acceso a la justicia a las familias, la búsqueda de sus hijos y negar la verdad».

En su turno, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, ha asegurado que los resultados que se han presentado sobre el caso Ayotzinapa son puntuales y concretos, más no concluyentes. «Son solo una parte de la investigación que se desarrolla para saber que pasó y dónde están los muchachos desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero», ha apuntado.

En coordinación con Gómez Trejo, este martes llevaron a cabo una diligencia ministerial a la Barranca de la Carnicería, para informar a medios de comunicación sobre los trabajos y hallazgos en ese lugar. Este martes, la CNDH ha segurado que sostener la versión del basurero supone reconstruir «un escenario contrario a la verdad y la justicia que reclaman los familiares de los 43 normalistas y toda la sociedad».

Además de la búsqueda de los estudiantes, el actual Gobierno persigue a los responsables de la investigación de la anterior Administración, que estuvo liderada por Tomás Zerón, actualmente prófugo en Israel.