Stop Desahucios de la CAV ha mostrado su rechazo al decreto de vivienda vacía de la CAV porque «da muchas garantías a los dueños» y «los ayuntamientos deciden si lo aplican o no».

El Gobierno de Lakua aprobó el pasado mes de junio este nuevo decreto, que incluye, entre otras cuestiones, un canon anual para residencias desocupadas, la posibilidad de instar el alquiler forzoso e incluso la expropiación forzosa para los casos más extremos.

La nueva normativa otorga a los ayuntamientos la posibilidad de imponer un canon de 10 euros por cada metro cuadrado a las viviendas que ya hayan sido declaradas deshabitadas y que lleven más de dos años vacías. Corresponderá a los ayuntamientos recaudarlo y mantenerlo en el tiempo hasta que se revoque la resolución de vivienda deshabitada.

El portavoz de la plataforma, Salvador González, ha comparecido ante la Comisión de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Parlamento de Gasteiz para presentar su diagnóstico, conclusiones y propuestas sobre los aspectos básicos de la política de vivienda en la CAV.

En su comparecencia, González ha criticado el nuevo decreto de vivienda deshabitada  afirmando que les ha «tocado la yugular», porque «se va a impedir que el derecho subjetivo a la vivienda se quede ahí», ya que «les da muchas garantías a los dueños».

«Pensábamos que cuando saliera, todas las viviendas vacías se reconocerían ya, pero hay que esperar otros dos años y luego hay que dar audiencia a los dueños para declarar la vivienda vacía», ha criticado.

Asimismo, ha señalado que «los ayuntamientos tienen la potestad de aplicarlo o no». «Entonces, ¿para qué hacemos la ley?, porque el Ayuntamiento que no quiera aplicarlo, pasa de historias», ha indicado.

Por ello, ha expresado su desacuerdo con este decreto porque «pone muchas trabas para aplicar la función social y el derecho subjetivo a la vivienda». «La vivienda vacía lleva mucho tiempo vacía, ¿por qué ahora no le metemos mano a eso?», ha preguntado.

González ha recordado que la Ley de Vivienda de la CAV «garantiza la función social de la vivienda» y ha señalado que «para ello, la vivienda debe estar ocupada, no vacía».

También ha criticado las prestaciones de vivienda porque «no solucionan el problema» y ha abogado por «movilizar la vivienda vacía y construir vivienda digna y asequible». «El derecho subjetivo se ha convertido en una prestación económica», ha lamentado.

La plataforma ha reclamado la creación de un órgano de coordinación entre Gobierno de Lakua y municipios, para aumentar la participación de los municipios de la política de Vivienda.

Asimismo, quiere que los municipios de más de 5.000 habitantes en los que haya acreditada la necesidad de vivienda, se declaren zonas tensionadas y tengan que elaborar y renovar cada cinco años los planes municipales de vivienda.

También ha pedido la modificación de los porcentajes de las reservas de suelo para Vivienda de Protección Oficial y solicita que la reserva mínima sea un 40% para alquiler social y el 20% para compra de VPO o compra de alquiler asequible. «No somos partidarios de la vivienda tasada; además, ahora cualquier VPO es más cara que cualquier vivienda del mercado», ha indicado. Además, solicita establecer en suelo urbanizable una reserva mínima del 75%, un 40% para alquiler social y 35% para VPO.

Poner tope a los alquileres

Respecto a los índices de referencia para el alquiler, ha subrayado la necesidad de «ponerle tope a la voracidad de los precios del alquiler», principalmente en las ‘zonas tensionadas’, aquellas donde el precio medio del alquiler supera el 30% de los ingresos familiares, incluidos los gastos de suministros y gastos de comunidad, entre otros.

Tras defender que «el alquiler es la salida», ha afirmado que «en Etxebide hay apuntados 65.000 solicitantes de vivienda, de los que 10.000 son para compra de VPO que, en muchos casos, como el crédito se ha endurecido, no van a poder entrar en el cupo». «El resto de solicitantes son de vivienda en alquiler», ha indicado.

La plataforma ha reclamado la necesidad de impulsar una reforma fiscal urgente que incluya la «supresión progresiva» de la desgravación fiscal por compra de vivienda.

Por último, ha pedido a los parlamentarios que «miren hacia abajo, salgan a la calle y vean los problemas reales de la gente», ya que desde la plataforma se sienten «impotentes» porque «no pueden solucionar los problemas, porque los juzgados están encima» y la ley «favorece al propietario, no al inquilino, que muchas veces está desamparado».

Ha denunciado que en Gasteiz, por ejemplo, «hay varias familias con hijos que comparten piso. Eso no es una vivienda digna. En muchos casos pagan 400 euros por una habitación donde se meten todos hacinados».