Uno de cada cinco menores puede haber sufrido en su vida algún tipo de violencia sexual en la CAV, donde hoy podría haber entre 2.000 y 4.000 jóvenes de 18 años que han padecido esta lacra. Este dato se ha dado a conocer durante la presentación de la ‘casa Barnahus’ de atención integral a estas víctimas que se va a poner en marcha en Gasteiz con el objetivo de ofrecerles un entorno amigable.

Según datos de los servicios forales de los tres herrialdes, en 2018 se registraron alrededor de 90 notificaciones de casos de violencia sexual contra menores y fueron condenadas 151 personas adultas por delitos sexuales contra menores de 16 años. Además, ese mismo año, la Ertzaintza y las policías locales registraron 276 delitos sexuales contra menores de 16 años.

Así lo ha explicado la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, que ha participado en una jornada organizada por Save the Children y el Gobierno de Lakua en la que se ha debatido el informe ‘Bajo el mismo techo: la atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual en Euskadi; necesidades de mejora y aportaciones del modelo Barnahus’.

En la misma, la directora de Save the Children Euskadi, Charo Arranz, ha remarcado la importancia de que «todos los departamentos implicados trabajen juntos en esta causa para garantizar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes».

«La violencia sexual constituye una de las peores formas de violencia que sufre la infancia y actualmente, hay más de 600 puntos de entrada que pueden atender posibles casos de violencia sexual infantil», ha explicado.

Siete de cada diez casos no llegan a juicio

Además, el niño tiene que pasar por cuatro servicios diferentes que no están coordinados, en espacios desconocidos para ellos, lo que «dificulta su recuperación y genera una victimización secundaria», ha detallado.

«Eso no solo dificulta su recuperación, sino que además es perjudicial para el proceso judicial, ya que no se cuida su testimonio y se genera un daño adicional al menor, generando una victimización secundaria. El resultado: siete de cada diez casos abiertos por abuso sexual infantil no llegan a juicio por falta de pruebas», ha analizado Arranz.

Por su parte, la consejera Artolazabal ha explicado cómo hay que actuar en caso de tener conocimiento de un caso de abuso sexual con menores implicados y ha puesto como ejemplo un hipotético caso en un centro escolar, donde un docente detecta a una víctima entre su alumnado.

Ha dicho que el proceso «de incertidumbre y malestar» se puede alargar durante más de tres años, periodo en el que la víctima habrá hablado, al menos, con ocho personas de lo ocurrido.

Una ‘casa Barnahus’ en Gasteiz

Para afrontar este problema, la consejera ha recordado la puesta en marcha de un programa piloto para la atención a menores de acuerdo al modelo Barnahus islandés, que se está implantando en multitud de estados europeos.

«En Barnahus, la víctima compartirá su historia con menos personas y tendrá acceso inmediato a una atención especializada. El camino a recorrer se iniciará en el profesorado, que avisará a dirección y esta recurrirá a Barnahus y recomendara a la familia acudir a él», ha precisado.

La idea es reunir a todos los profesionales que intervienen la atención a menores en un mismo punto, un espacio que represente para las víctimas un entorno amigable y que acabe con la realidad actual, en la que tras la detección de un caso, la víctima puede tener que contar los hechos a al menos ocho profesionales.

Tal y como han descrito, se trata de un espacio lejos de comisarías y hospitales, en el que los profesionales están especializados en victimología infantil.

Artolazabal ha explicado que están estudiando su implantación en Gasteiz en un entorno residencial y ha precisado que podría estar en marcha en verano.

Durante la comparecencia, se ha destacado que el modelo Barnahus, además de un espacio de protección para menores, supone también importantes avances en procesos judiciales que pueden prolongarse entre dos y tres años.