EH Bildu lleva varias semanas denunciando que una enmienda presentada por los socios de gobierno, PNV y PSE, a la Ley de Administración Ambiental, concederá al Ejecutivo de Lakua capacidad, en nombre del interés general, para imponer proyectos concretos a los ayuntamientos por encima de su propia normativa municipal.

Lo reconoció el pasado viernes la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ante el Parlamento, donde confirmó que la pretensión de su Gobierno es anteponer sus decisiones frente a la oposición a determinados proyectos que pueda haber en un municipio o en una zona, canalizada a través de sus instituciones o de movimientos vecinales.

Expuso la consejera que «estamos hablando de proyectos e infraestructuras que pueden estar ligadas al ámbito medioambiental, de instalaciones de tratamiento de depuración de aguas, instalaciones de recepción, tratamiento, gestión, valorización y eliminación de residuos, plantas procesadoras de residuos para su reciclaje y recuperación, crematorios y otras que dan respuesta al conjunto de la sociedad vasca y que deben ubicarse en el emplazamiento más idóneo para ello».

Como consecuencia de estas palabras, EH Bildu presentó una moción rechazando estos cambios y para que el Parlamento inste al Gobierno a que «ante las dificultades para sacar adelante proyectos de interés general que supongan una mejora ambiental, ponga especial empeño en integrarlos adecuadamente en la planificación territorial, dentro del actual sistema de planificación, y en explicar y compartir los beneficios de los mismos en la sociedad».

Pero la Mesa del Parlamento, con el voto de la mayoría formada por los socios de gobierno, PNV y PSE, no ha admitido a trámite esta moción. Fuentes oficiales de la Cámara consultada por NAIZ han señalado que este veto se debe a que «el ámbito para el debate de la Ley de Ordenación del Territorio es el procedimiento legislativo establecido reglamentariamente. Por otra parte, la presentación de enmiendas es el modo en el que los grupos parlamentarios pueden ejercer su derecho de participación política». Se añade que «este acuerdo se adopta con el voto en contra de la vicepresidenta segunda (EH Bildu) y del secretario segundo (Elkarrekin Podemos-IU)».

En una nota hecha pública por EH Bildu tras conocer el veto, la formación sostiene que «PNV y PSE han demostrado que tienen miedo a un debate transparente sobre sus propósitos y que están dispuestos a utilizar cualquier subterfugio para tratar de esconder lo que es un ataque directo del Ejecutivo a los ayuntamientos».

Enmienda con menos garantías

Por la mañana, Pello Otxandiano, director de programas de EH Bildu, y Onintze Oleaga, responsable de política municipal de EH Bildu, han comparecido ante los medios para llamar la atención sobre el hecho de que se quieran cambiar los principios de la Ley de Ordenación del Territorio a través de una enmienda a la Ley de Administración Ambiental, enmienda que además no ha pasado por los informes técnicos, jurídicos y económicos a los que sí son sometidos los proyectos de ley. Y, además, que esto se produzca cuando –según denuncian– «no existe marco regulatorio para coordinar las políticas sectoriales relacionadas con la acción climática, porque a día de hoy no existe Ley del Cambio Climático y Transición Energética».

Los representantes de EH Bildu entienden que en materia medioambiental y avanzar hacia la neutralidad climática, «reina la improvisación y la política de fuegos de artificio, tratando de simular que la situación está bajo control, cuando no lo está». Aseguran que «la verdad es que la Comunidad Autónoma Vasca no cuenta con una planificación congruente para hacer el camino hacia la neutralidad climática». A esto añaden que «los planes climáticos y energéticos vigentes son anteriores al Acuerdo de París, la ambición climática que plantean queda muy por debajo de los reglamentos de la Unión Europea que son de aplicación directa». Además, han explicado que «ha habido casi 0 reducción de los gases de efecto invernadero durante el mandato de Urkullu, y llegamos con un desarrollo de energías renovables absolutamente deficiente fruto de apuestas estratégicas erróneas en el pasado reciente».

Otxandiano y Oleaga han puesto sobre la mesa que la enmienda presentada por PNV y PSE supone «modificar las reglas de juego de nuestro sistema institucional en cuanto a políticas de ordenación del territorio se refiere, para terminar imponiendo determinados proyectos en determinados lugares». Denuncian que «esto atenta contra la pluralidad política de la sociedad vasca, ya que lo que se pretende es imponer infraestructuras allá donde no existe mayoría absoluta de los partidos del Gobierno».

«Incrementará la conflictividad social»

Para EH Bildu, «la competencia urbanística es una de las funciones más importantes que llevan a cabo los Ayuntamientos, por un lado en la ordenación y construcción del futuro del municipio, y por otro lado, como defensa de su territorio y del bienestar de sus habitantes». Y avanzan que la imposición de los proyectos desde el Gobierno a los municipios «no va a resultar eficaz», porque ir «contra la voluntad democrática de las comunidades locales, nos conduce inevitablemente a situaciones de conflictividad social que van a lastrar y retrasar la implementación de las acciones climáticas».

Por todo ello, han pedido a «PNV y al PSE que rectifiquen y retiren la enmienda 61 a la Ley de Administración Ambiental, que no dejen de lado a los Ayuntamientos y a la ciudadanía». Durante la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley, EH Bildu ya decidió levantarse de la ponencia para denunciar el ataque a la autonomía municipal que, entienden, supone el mantener esta enmienda.