La pasada semana EH Bildu denunció que PNV y PSE, que tienen mayoría absoluta, habían presentado una enmienda al proyecto de la Ley de Administración Ambiental de su propio Gobierno para cambiar la Ley de Ordenación del Territorio, que en su opinión hace «saltar por los aires la ordenación territorial y la planificación urbanística». El cambio supone que los criterios del Gobierno se anteponen, por ejemplo, a los criterios de los ayuntamientos puesto que «todas las herramientas de planificación territorial deberán adaptarse a todo Proyecto de Interés Público Superior (PIPS) que designe el Gobierno Vasco, aunque este vaya en contra de sus disposiciones», según explicó el parlamentario Unai Fernández de Betoño.

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, confirmó ayer en el Parlamento que la pretensión de su Gobierno es anteponer sus decisiones frente a la oposición a determinados proyectos que pueda haber en un municipio o en una zona, bien a través de sus instituciones o bien de los movimientos sociales.

Según expuso Arantxa Tapia ante la Cámara, «estamos hablando de proyectos e infraestructuras que pueden estar ligadas al ámbito medioambiental, de instalaciones de tratamiento de depuración de aguas, instalaciones de recepción, tratamiento, gestión, valorización y eliminación de residuos, plantas procesadoras de residuos para su reciclaje y recuperación, crematorios y otras que dan respuesta al conjunto de la sociedad vasca y que deben ubicarse en el emplazamiento más idóneo para ello».

Y Arantxa Tapia destacó que frente a las propuestas gubernamentales, «en algunas ocasiones se ha producido en el ámbito municipal que se ha opuesto a esa situación utilizando el planeamiento urbanístico, la ordenación territorial para evitar la implantación de una determinada actuación que es, insisto, buena para el interés general».

Según su visión, «con esta tendencia, desde luego, no muy tarde nos podemos encontrar en una situación de riesgo para nuestra comunidad ante la necesidad de eliminar residuos provenientes tanto de la actividad urbana como de la actividad industrial».

No es imposición, es mayoría

La consejera sostuvo ante la Cámara que «ya sé que es complejo aceptar desde lo local proyectos que pueden alterar nuestro entorno. Pero es necesario para un servicio social y para un servicio a la comunidad».

Alegó Tapia que «la solución que proponemos ha sido adoptada por multitud de comunidades autónomas y otros lugares», y añadió que «es un proceso absolutamente garantista y perfectamente regulado, que se ha utilizado, y no es novedoso en otros lugares».

Arantxa Tapia repitió en el inicio de sus dos intervenciones sobre la materia que lo que plantean no es una «imposición» sino que «tenemos una mayoría». Respondiendo a las críticas del parlamentario de EH Bildu Unai Fernández de Betoño, incidió en que «puede hablar una y otra vez de imposición, pero la ciudadanía nos ha dado la mayoría. Siento de verdad si no les gusta, pero es así. Imposición no, mayoría».

Unai Fernández de Betoño recordó que este cambio se está haciendo de espaldas a los municipios y Eudel, a quien se remitió el proyecto de ley para que informara, pero luego el cambio se hace a través de una enmienda. EH Bildu anuncia que pedirá una comparecencia de Gorka Urtaran, alcalde jeltzale de Gasteiz y presidente de la asociación de municipios.