La asociación feminista Argitan y la plataforma contra la exclusión Berri-Otxoak se han movilizado este jueves en Barakaldo para exigir al equipo de gobierno municipal y al Ejecutivo de Lakua que garanticen una alternativa habitacional a una mujer, víctima de violencia machista y con cuatro hijos, tres de ellos menores, que será desahuciada por la sociedad pública de alquiler Alokabide el próximo 31 de enero. Ya se movilizaron el lunes, en esta ocasión ante el juzgado.

En este caso, se han concentrado este jueves ante portal donde reside la mujer para reivindicar el «derecho a una vivienda digna y contra los desahucios», tras conocer que el juzgado ha emitido una orden de desalojo para el 31 de enero, a las 9.15 horas, a petición de la sociedad pública de alquiler Alokabide.

Las dos entidades han denunciado que «las administraciones públicas, al promover este desahucio, incumplen las resoluciones de obligado cumplimiento de las Naciones Unidas y del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que exigen una vivienda alternativa cuando afecte a familias en situación de precariedad y, especialmente, cuando hay menores perjudicados».

El colectivo feminista y la plataforma contra la exclusión social han remarcado que el Ayuntamiento de Barakaldo, cuyos servicios sociales, al igual que Alokabide, «no atienden la demanda de una solución a este nuevo desahucio, pese a las solicitudes planteadas por la mujer amenazada con quedarse en la calle».

«Ni el equipo de Gobierno del Consistorio fabril ni el Gobierno Vasco han ofrecido hasta la fecha ninguna vivienda alternativa, como exige la actual ley a esta mujer víctima de violencia machista, la cual cuenta con un informe de vulnerabilidad remitido al juzgado de Barakaldo, además de acreditar su situación de mujer víctima de violencia machista, y contar con una orden de alejamiento en vigor», han apuntado.

Cuatro por semana en la localidad

La mujer afectada, han explicado, «lleva varios meses intentando que los recursos sociales del Ayuntamiento de Barakaldo o el Servicio Vasco de Vivienda regularicen su situación y el uso de la vivienda en la que reside o el acceso a otra vivienda en régimen de alquiler social».

Argitan y Berri-Otxoak han recordado que cada semana se producen una media de cuatro desalojos en Barakaldo, localidad que ya acumula más de 1.895 desahucios desde 2012. «Nuevamente se comprueba que es papel mojado el supuesto protocolo antidesahucios acordado en 2013 por el Gobierno Vasco, la asociación de municipios vascos Eudel y el Consejo General del Poder Judicial, y renovado en el mes de febrero del 2019», han lamentado.

De acuerdo al compromiso de actuación para estas situaciones, han subrayado, los servicios sociales de base deben «dar una respuesta inmediata y una tramitación urgente cuando hay familias vulnerables afectadas por una situación de desahucio, y garantizar el acceso a un alojamiento de urgencia».