La Fiscalía ha cerrado las tres investigaciones que tenía abiertas sobre el que fue monarca español entre 1975 y 2014, Juan Carlos de Borbón. Así lo ha publicado este miércoles ‘El País’, que señala que las decisiones han sido firmadas por la fiscal general del Estado y exministra de Justicia, Dolores Delgado.

El panorama judicial queda con ello totalmente despejado para el rey emérito en el Estado español, lo que podría acelerar su retorno desde Emiratos Arabes Unidos, adonde decidió marcharse hasta que se aclarara la situación, en una maniobra que pareció concertada con el Gobierno español, y en concreto con la entonces vicepresidenta primera, Carmen Calvo.

El archivo no hace olvidar que los indicios de corruptelas eran abundantes en los tres expedientes, y de hecho quedaron acreditados con las dos regularizaciones fiscales que realizó, según fuentes periodísticas también con aviso previo desde la Fiscalía, lo que debiera haberlas invalidado. En la primera de ellas pagó casi 700.000 euros y en la segunda 4,4 millones.

Los carpetazos tienen dos soportes. Por un lado, la inviolabilidad real decretada en la Constitución, que se traduce en que no se puedan condenar las acciones delictivas previas a su abdicación hace ocho años. Y por otro, las citadas regularizaciones fiscales, con las que entre la Fiscalía y el Borbón han solventado los delitos posteriores a esa fecha y que sí podían ser castigados.

De hecho, un día después de conocerse esta decisión los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ya han indicado que ven «lagunas» en la información facilitada por la Fiscalía del Tribunal Supremo y piden aclaraciones.

En un comunicado remitido este jueves, Gestha detalla varias de estas «lagunas», entre ellas una diferencia de casi 3.000 euros en su primera regularización o que solo se analizaran los gastos por uso de aviones privados y alojamiento a cargo de la Fundación Zagatka del ejercicio 2014 a partir de la abdicación.

Gestha también cuestiona si el rey emérito regularizó los 30.411,14 euros que tendría que haber pagado de impuesto de sucesiones y donaciones por la recepción de tres armas de fuego adquiridas por Álvaro de Orleans-Borbón.

Asimismo, reclama a la Fiscalía que informe de las conclusiones de la investigación del trust denominado The JRM 2004 Trust, constituido en Jersey en 2004, pese a no haber encontrado indicios que lo vinculen con el rey emérito.

De Suiza a Londres

El paso viene precedido del archivo también en Suiza de la investigación sobre la multimillonaria donación saudí que recibió el emérito, producido en diciembre. Y con una curiosa argumentación: no se logró probar que fuera una comisión por la adjudicación de las obras del tren de alta velocidad a La Meca a empresas españolas (aunque sí podía obedecer a otras cuestiones, como promover la imagen pública del régimen, al que Juan Carlos de Borbón se ha mostrado muy cercano).

En el Estado español, en febrero ya se había anticipado el cierre por la Fiscalía de las diligencias sobre la fortuna atribuida a Juan Carlos de Borbón en un paraíso fiscal, Jersey, exponiéndose que no se había hallado vínculo entre la sociedad investigada y el sucesor proclamado por Franco.

Otra de las indagaciones abiertas por la Fiscalía y ahora cerrada en falso se refiere al uso de tarjetas opacas, cuyos fondos proceden del extranjero. Tampoco ahí se ha hallado nada delictivo, sostiene el Ministerio Público.

A nivel judicial, sobre el padre del actual rey español solo pesa ahora una amenaza en forma de investigación: la desencadenada por la denuncia de «acoso» de su examiga Corinna Larsen, un caso que se instruye en Londres. En concreto, Larsen dice que fue hostigada por el CNI por orden del monarca.

Pandemia y Ucrania, dos tapaderas

La noticia de este triple carpetazo se produce en un momento en que la atención de la opinión pública está absorbida por la cuestión de la guerra de Ucrania. Y lleva a recordar que este asunto se destapó también en un momento muy «oportuno» para la Casa Real: Felipe de Borbón anunció la renuncia a la herencia paterna, mostrando con ello con ello su consciencia de ilegalidad o irregularidad, justo el 14 de marzo de 2020, apenas unas horas después de que se declarara el estado de alarma por la pandemia.

Entre tanto, el pasado mes de diciembre falleció el responsable de la Fiscalía del Tribunal Supremo designado para estas indagaciones, Juan Carlos Campos, a los 71 años.