Varias personas han realizado una sentada y cortado el tráfico ante el Departamento de Acción Social de Barakaldo para protestar contra la vulneración del derecho a una vivienda digna para las mujeres maltratadas.

La movilización convocada por la plataforma Berri-Otxoak responde al caso concreto de una mujer víctima de violencia machista que, con tres hijos menores (de 5, 11 y 14 años) a cargo, fue desalojada de su vivienda el pasado 31 de enero y las administraciones competentes no le han ofrecido todavía una alternativa habitacional.

Berri Otxoak ha señalado la responsabilidad tanto del Ayuntamiento de Barakaldo como del Gobierno de Lakua en esta cuestión, pues denuncia que ha incumplido la normativa que obliga a garantizar una alternativa digna a mujeres víctimas de violencia machista y «no han hecho ninguna gestión para garantizar su derecho a una vivienda».

La plataforma ha explicado que esta mujer se encuentra desde el momento del desalojo en un servicio para mujeres víctimas de violencia machista y permanecerá allí durante un año, según le han indicado los servicios municipales. 

«Además, no le dan ningún tipo de prestación social a la que tiene derecho en Lanbide o los servicios sociales. Solo tiene como ingresos los del SEPE para mujeres víctimas de violencia machista, qué gestionó antes de ser desalojada de su vivienda», explica Berri-Otxoak.

No cumplen el manual

Junto con Berri-Otxoak, el Centro Asesor de la Mujer Argitan también ha denunciado que Etxebide y el Ayuntamiento de Barakaldo contravienen hasta el manual de “Recursos para mujeres víctimas de violencia machista” de la Diputación de Bizkaia.

«En el mismo se señala la obligación institucional de poner a disposición de las mujeres víctimas de violencia machista de una alternativa habitacional digna y la estancia máxima en un espacio de acogida debe ser como máximo de 4 meses», han explicado las plataformas de Barakaldo.

Recuerdan asimismo que «ambas instituciones desoyen la normativa vigente que obliga a garantizar el realojo inmediato de personas en situación de vulnerabilidad acreditada en una vivienda, excluyendo albergues o centros de acogida, en caso de llevarse a cabo un desahucio».

«A pesar de las campañas institucionales en contra la violencia machista, a la hora de la verdad los servicios sociales municipales y de vivienda del Gobierno Vasco no tienen en cuenta la situación de las mujeres maltratadas, a las que, como en este caso, se les niega tanto el acceso a la vivienda como a las prestaciones sociales a las que tienen derecho», han rechazado.