Hasta 36 millones de mujeres en edad reproductiva miran con inquietud el mapa de Estados Unidos para saber dónde tendrán garantizado el derecho al aborto después de que el Tribunal Supremo revocara este viernes la sentencia que lo protegía constitucionalmente desde 1973.

En EEUU, 16 estados, además del Distrito de Columbia, contaban previamente con un marco legislativo propio para salvaguardar el derecho al aborto sin interferencia federal. Son estados «santuario» del aborto como Vermont y Massachussets, donde incluso teniendo gobernadores republicanos se va a blindar este derecho.

Aunque en estos estados no se prevé que el derecho al aborto se vea resentido tras el revés legal del Tribunal Supremo, las facilidades para acceder a las clínicas y costear los gastos derivados del proceso no siempre son tan asequibles como en California, estandarte en materia reproductiva.

En el estado más poblado del país, con casi 40 millones de habitantes, se practicaron en 2020 más de 154.000 abortos legales sobre el total nacional de 930.060, según el Instituto Guttmacher, dedicado a la investigación en asuntos reproductivos en EEUU. «La gente aquí cree que se les debe garantizar este derecho como parte de su sistema sanitario», explica a Efe Elizabeth Nash, analista de políticas estatales del citado instituto.

El Centro de Salud Reproductiva, Derecho y Política de la Universidad de California (UCLA) estima que entre 8.000 y 16.000 mujeres viajarán a este estado cada año para poder abortar a partir de ahora. Este flujo de mujeres hacia California supone un «elemento disruptivo», según especialistas como la propia Elizabeth Nash, pero los centros reproductivos de este estado llevan trabajado en el último mes para adaptarse y que sus clínicas no se vean saturadas ni se retrasen las intervenciones.

En búsqueda de la igualdad para latinas e indocumentadas

California es uno de los estados donde la protección al aborto cuenta con más garantías, pero en este «oasis de libertad reproductiva» aún queda la asignatura pendiente de ampliar su cobertura sanitaria a todas las mujeres latinas y migrantes indocumentadas.

De hecho, el Partido Demócrata ha propuesto una enmienda a la Constitución de California para que bajo ningún concepto el estado pueda prohibir el aborto o negar la prescripción de anticonceptivos a cualquier mujer que se encuentre en suelo californiano.

Y es que latinas y migrantes indocumentadas deben sortear obstáculos para acceder a servicios de salud reproductiva porque no cuentan con seguro médico o por la barrera idiomática, según explicó a Efe Laura Jiménez, directora ejecutiva de la organización California Latinas for Reproductive Justice.