Este viernes pasado se han cumplido siete largos años desde la entrada en vigor de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, conocida como ley Mordaza, aprobada por un gobierno de Mariano Rajoy que tenía mayoría absoluta y que hizo caso omiso a las quejas de Bruselas, la ONU, Amnistía Internacional y toda la oposición política española.

A pesar de que su reforma fueobjeto de promesa de campaña tanto del PSOE como de Unidas Podemos, y tras cuatro años de una mayoría legislativa que podría haber aprobado cambios, ese marco normativo oprobioso para una democracia moderna europea sigue vigente y su modificación está atascada.

Tal es así que se han suspendido las ponencias en la comisión de Interior -a cargo del debate del proyecto que habría que enviar al hemiciclo- y hay negociaciones discretas para encauzar la situación. Cabe recordar que los aliados parlamentarios EH Bildu, PNV y ERC apoyan, con matices diferentes cada uno, la reforma.

Pero la polémica ley también abre heridas dentro del Partido Socialista, ya que NAIZ pudo constatar de fuentes del Congreso que algunos diputados del PSOE culpan al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de trabar unos cambios más ambiciosos.

Con oportunidad de unas jornadas parlamentarias sobre la actualidad LGBTI y sus retos, el ministro se ha hecho presente en la Sala Ernest Lluch este lunes para clausurar las conferencias, en un panel compartido con el también vasco Ander Gil (presidente del Senado) y la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra.

«Se pretende que todos queden contentos»

Al concluir la ponencia, NAIZ -único medio que quedaba presente- se acercó a preguntar a Marlaska por los cambios y su presunta responsabilidad en el dique al avance de la ley. En la conversación el ministro del Interior respondió que «no es así» y que no está bloqueando una reforma más profunda: «Estamos trabajando seriamente, tenemos cerrado un texto con Unidas Podemos».

Repreguntado sobre ese texto, que es calificado de muy poco ambicioso por los colectivos sociales y por los grupos soberanistas, añadió: «Bueno... quiero decir que estamos trabajando seriamente, es un compromiso de todos nosotros. Va a salir adelante, todos van a quedar contentos, es lo que se pretende».

La polémica se centra en cinco de los más de sesenta artículos y disposiciones adicionales de la ley, los vinculados a la actuación policial y que convierte a sus efectivos en jueces y parte a la hora de aplicar una multa (que no es delito penal sino falta administrativa, es decir, sin decisión de juez ni necesidad de demostrar culpabilidad del multado).

«Vamos a hacer una ley que va a satisfacer a todo el mundo. Es necesario y es un compromiso», recalcó Marlaska a NAIZ antes de retirarse. Lo cierto es que diputados han dicho a este medio fuera de micrófono que una reforma que trascienda el mero maquillaje era obstruida por presiones de Interior a Moncloa.

Zapatero a NAIZ: «Pienso que las leyes que supusieron del PP un paso atrás necesitan ser reformadas»

También cabe recordar que los sindicatos de fuerzas de seguridad han pedido que no haya cambios en la ley, amparados por la derecha española y algunos medios e ignorando las críticas de Bruselas y organizaciones internacionales. El sector más conservador de los efectivos, vertebrado alrededor de la asociación Justicia Salarial Policial (Jusapol) y de sus dos marcas electorales –el sindicato Justicia Policial (Jupol), en la Policía Nacional, y la asociación Justicia para la Guardia Civil (Jucil)–, han hecho sentir su disconformidad. Y Marlaska no es indiferente.

En tanto, también estuvo presente en estas jornadas LGBTI, sólo que en su inauguración, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. También preguntado por NAIZ a su salida, respondió: «Pienso que las leyes que supusieron del PP un paso atrás necesitan ser reformadas. Se ha hecho una tarea muy importante en varias leyes y creo que ésta también será objeto de una reforma».

Repreguntado por las trabas y la lentitud del proceso, Zapatero respondió un contundente «sí» a la posibilidad de que finalmente acabe aprobándose la reforma, que cuenta ya con el rechazo tajante del PP, de la ultraderecha de Vox y de Ciudadanos.

La clave de las divergencias está en ítems que tienen que ver con las multas por desobediencia y falta de respeto a la autoridad, con la negativa a identificarse, con los límites a la grabación y difusión de actuaciones policiales en vía pública, a la regulación de manifestaciones y reuniones, y a las disposiciones adicionales sobre los funcionarios de prisiones y sobre las llamadas devoluciones en caliente.

Más cambios a la vista en tres artículos

Fuentes jurídicas de UP y del Grupo Socialista aseguraron ambas a NAIZ que habrá más cambios con respecto a lo pactado por los aliados de coalición en noviembre y que ese proyecto «se verá superado» por el nuevo, que incluirá cambios en al menos tres de los cinco artículos. Un negociador de una de las entidades sociales que impulsan desde la calle esta reforma y que mantiene diálogo con el Gobierno también dijo conocer de esos nuevos retoques, que están dándose en esta «etapa de preponencias» ante la falta de acuerdo dentro de la comisión.

Hay un dato que es poco alentador: el miércoles, Amnistía Internacional España, Greenpeace España, Defender a quien Defiende (entidad especializada en obstrucciones a la libertad de protesta), el catalán Centre Irídia y Yayoflautas (pensionistas), convocaron a una reunión con todos los grupos para comentar las enmiendas que sugieren. Asistieron todos los partidos invitados menos el PSOE y el PNV.