Compuesto de cinco incisos, el apartado que consagra el derecho a la memoria ha sido aprobado por 111 votos a favor, 16 abstenciones y 23 en contra en el debate de la Convención Constitucional, organismo integrado de forma paritaria por 154 representantes a cargo de redactar la nueva Ley Fundamental para el país tras sepultar la heredada de la dictadura, primero en las calles y después en las urnas.

Esta definición es el corazón de la campaña por la aprobación en el plebiscito del próximo 4 de setiembre lanzada por más de 200 organizaciones vinculadas a los derechos humanos.

Memoria y no repetición

El articulado, impulsado principalmente por agrupaciones de familiares y víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), establece además el «derecho al esclarecimiento y conocimiento de la verdad (...), especialmente cuando constituyan crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio o despojo territorial».

A su vez, establece que dichos crímenes, entre ellos la desaparición forzada, practicada de manera sistemática por agentes del Estado durante la dictadura, serán «imprescriptibles e inamnistiables».

«El Estado garantiza el derecho a la memoria y su relación con las garantías de no repetición y los derechos a la verdad, justicia y reparación integral», subraya el inciso quinto del capítulo.

«Es un gran avance el reconocimiento explícito del derecho a la memoria y su relación con las garantías de no repetición respecto a los crímenes de Estado. Por eso, esta es una razón más para aprobar la nueva Constitución», explica a Efe la filósofa y miembro de la mesa de trabajo de Londres 38 Espacio de Memorias, Gloria Elgueta.

«Considerando la precaria situación actual de archivos y sitios de memoria, su implementación deberá generar los recursos y mecanismos que hagan posible el ejercicio de ese derecho. Hemos relevado la importancia de no circunscribir ese derecho a un marco temporal, o a un único periodo histórico. La elaboración de la memoria es un proceso siempre abierto, y por ello fuente de aprendizaje e imaginación de nuevos futuros», agrega.

Sitios de memoria

Según el presidente del directorio del Parque por la Paz ‘Villa Grimaldi’, Álvaro Ahumada, existen unos 1.600 sitios de memoria o lugares donde hubo violaciones de los derechos humanos en dictadura esparcidos por todo el país, pero solo siete de ellos tienen apoyo financiero del Estado.

«Es insostenible. Desde 1990 hemos estado tratando de recuperar los sitios. Cabe señalar que Villa Grimaldi es el primer sitio recuperado en América Latina, recuperado por los organismos de la sociedad civil, no por el Estado», cuenta Ahumada.

«Nos hemos constituido como corporaciones privadas que buscamos fondos a partir de proyectos y algunos financiamientos. Eso no está garantizado por parte del Estado y por eso bregamos que estuviera incluido en la nueva Constitución el deber de recordar», puntualiza.

Villa Grimaldi, conocido como ‘Cuartel Terranova’ durante los primeros meses posteriores a la asonada que derrocó el Gobierno democrático de Salvador Allende (1970-7973), era una lujosa propiedad de recreo ubicada en las faldas de la cordillera que la Policía política de Pinochet convirtió en centro de tortura, detención, exterminio y desaparición forzada.

Para la presidenta de la Asociación de Memoria y Derechos Humanos Venda Sexy, Alejandra Holzapfel, el derecho a la memoria es «muy importante para que las nuevas generaciones sepan todo lo que ocurrió durante la dictadura. Por ejemplo, la ‘Venda Sexy’, en calle Irán 3037 en Santiago, debe ser recuperado y no se puede olvidar», afirma.

En la casa de Irán 3037, en la comuna de Macul en plena capital chilena, se instaló un comando de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) donde practicaron las torturas más atroces, siendo las agresiones sexuales muy recurrentes en contra de prisioneras y prisioneros.

A día de hoy, está en manos de un particular privado que impide el acceso y ha realizado modificaciones, denuncia Holzapfel.

«Sin memoria no se puede construir»

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) fue una de las organizaciones que bregó por la inclusión de esta cláusula en la actual propuesta constitucional.

Su presidenta, Gaby Rivera, apunta que «estando esta palabra, tan grande y tan importante, que es memoria, la única forma en que podemos reivindicar a nuestros familiares y a quienes sobrevivimos es recordando, diciendo que esto pasó, es parte nuestra».

«Cada uno de nosotros tiene derecho a recordar lo que pasó. Un país sin memoria no puede construir nada, sin verdad y sin justicia es muy difícil construir algo mejor», enfatiza.