La jueza entiende que dicho patrocinio quebranta una decisión judicial emitida en su momento por la que se inhabilitaba a Osasuna a recibir ayudas institucionales hasta febrero de 2025.

Dicha decisión se adoptó después de que la Audiencia condenase a la exdirectiva de Miguel Archanco por no declarar el IRPF y por el impago del IVA de las taquillas de El Sadar.

Osasuna y Ayuntamiento de Iruñea firmaron un convenio de colaboración el pasado 20 de junio mediante el que la entidad deportiva promovía el nombre de la ciudad en el estadio y a cambio recibía 300.000 euros fraccionados en tres años.

Según un comunicado oficial emitido en su club, el club rojillo entiende que no ha cometido ninguna ilegalidad, pues el pasado 19 de mayo le fue concedida la suspensión del cumplimiento de dicha pena, a la espera de la tramitación de un posible indulto que ha solicitado.

Defiende, además, que «dicho convenio regula mediante un pliego público un acuerdo publicitario, que es algo muy diferente a una subvención o una ayuda pública».

Coincide en ello el Ayuntamiento de Iruñea, quien ha detallado que el contrato de patrocinio publicitario no puede considerarse subvención o ayuda pública, ya que incluye contrapartidas concretas asociadas que se están ejecutando y se ha tramitado por un procedimiento distinto al de las subvenciones.

No lo considera así la magistrada, que recurre al artículo 24 de la Ley General de Publicidad 34/98 y al punto segundo del pliego de prescripciones técnicas aportado por el Consistorio iruindarra, para asegurar que supone una ayuda económica procedente de una entidad pública.

De este modo, la pelota queda en el tejado del juzgado de instrucción, a la espera de lo que pueda resolver, bien en un sentido u otro.