El Pleno del Senado español ha aprobado este miércoles definitivamente el proyecto de ley de Memoria Democrática que el Gobierno pactó con EH Bildu, Más País, PDeCAT y PNV. La Cámara Alta ha rechazado los vetos de PP, Vox, Ciudadanos y UPN y no ha aceptado ninguna de las 521 enmiendas al texto que venía del Congreso.

💥 Discurso de @G_Elejabarrieta en la aprobación final de la Ley de Memoria.

«El Palacio de la Cumbre fue residencia de Franco y se utilizó como centro clandestino de detención y tortura. Allí torturaron a Lasa y Zabala antes de enterrarlos en cal viva».

Egia. Justizia. Memoria pic.twitter.com/OAXcHFLYyz

— EH Bildu Congreso - Senado (@EHBilduCongreso) October 5, 2022

La nueva ley de Memoria ha salido adelante en una votación que ha durado más de una hora y a la que han asistido asociaciones memorialistas, que han aplaudido en pie el resultado de la votación, con 128 votos a favor.

Por el contrario, 113 senadores han votado en contra, y ha habido 18 parlamentarios que se han abstenido. En cualquier caso, la ley entrará en vigor en los próximos días cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Ni es justo ni digno que el gobierno de Sánchez negocie y acuerde con Bildu una ley de memoria democrática en España. Como les dijo la madre de Joseba Pagaza, asesinado por ETA, haréis y diréis cosas que nos helarán la sangre. Que razón tenía. pic.twitter.com/eB7ddvlNbT

— Alberto Catalán (@albertocatalanh) October 5, 2022

Esta ley, que supone una profundización en la Ley de Memoria Histórica de 2007, fue aprobada en Consejo de Ministros hace casi un año y tomada en consideración por el Congreso en octubre de 2021, pero dos meses después se metió en la nevera al no ver el Gobierno suficientes apoyos para sacarla adelante, ya que a la oposición del PP, Vox y Ciudadanos se sumó el rechazo inicial de ERC.

Fue el pasado mes de junio cuando el proyecto se sacó del cajón para reactivar la tramitación, una vez que PSOE y Unidas Podemos habían acercado posturas con otras formaciones minoritarias. Así, la Ley de Memoria Democrática superó la fase de ponencia tras introducirse varias enmiendas pactadas con EH Bildu, PNV, el PDeCAT, Más País y Coalición Canaria.

Víctimas hasta 1983

El grueso de los acuerdos se alcanzó con EH Bildu, empezando por ampliar hasta 1983, cinco años después de aprobada la Constitución de 1978, el reconocimiento de víctimas de violaciones de derechos humanos y la posible reparación económica que ello conllevase.

En concreto, la ley mandata al Gobierno a crear, en un año desde la entrada en vigor, una comisión técnica que haga un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas «por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución y el 31 de diciembre de 1983». Ese estudio deberá recoger «posibles vías de reconocimiento y reparación a ese colectivo».

La ley recoge también que el fuerte de Ezkaba, en Iruñerria, y el palacio de La Cumbre, en Donostia, pasarán a ser considerados espacios para la memoria.

Además, el PSOE y Unidas Podemos acordaron también con la formación soberanista impulsar a una comisión estatal independiente de carácter académico para «contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil y la dictadura». Su función será recoger testimonios, información y documentos y aprobar un informe de conclusiones y recomendaciones para la reparación de las víctimas de forma «objetiva e imparcial».

Desde la Ley de Amnistía de 1978, el Estado español ha destinado más de 21.000 millones de euros para reparaciones económicas a unas 608.000 víctimas de la guerra y del franquismo, y se considera que lo que está pendiente son incautaciones de bienes de entidades como ateneos culturales y el expolio de papel moneda.

Ilegalidad de los tribunales franquistas

En otro de los acuerdos previos se introdujo una enmienda para declarar la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales y administrativos creados a partir del golpe de Estado de 1936, para la persecución por motivos políticos o de conciencia. El proyecto de ley ya recogía la nulidad de sus resoluciones y la ilegitimidad de estos tribunales que finalmente se reconocerán como ilegales.

Con Más País, y el PDeCAT, el PSOE y Unidas Podemos cerraron otro acuerdo que declara ilegal el régimen franquista y reconoce expresamente que «las luchas de los movimientos sociales antifranquistas y de diferentes actores políticos» alumbraron la democracia.

Con el PDeCAT se acordó articular mecanismos y recursos para evaluar la represión y persecución cultural y lingüística del franquismo, declarando «víctimas las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega».

Y con el PNV se selló otro pacto para fijar en un año el plazo para la restitución de documentos u efectos a personas naturales o jurídicas de carácter privado que estén en el Archivo General de la Guerra Civil. Podrán beneficiarse también partidos, sindicatos o unidades militares que reclamen enseñas, emblemas o banderas que estén en poder de entidades públicas.