El jueves por la noche, la agencia oficial de prensa de Arabia Saudí anunció la ejecución de un ciudadano jordano acusado de tráfico ilegal de cápsulas de anfetamina, lo que eleva a 138 el número total de ejecuciones en lo que va de 2022.

En 2021 fueron 69 las personas ejecutadas en el reino, mientras que el año precedente, el de la pandemia, el uso de la pena de muerte fue mucho menor, con 27 ejecuciones. En 2019 se registraron 187 ejecuciones.

En noviembre pasado, dos paquistaníes fueron ejecutados acusados de tráfico de heroína, la primera ejecución en casi tres años por ese tipo de delito.

Y en marzo pasado, la ejecución récord en un solo día de 81 personas en el corredor de la muerte por delitos relacionados con el «terrorismo» provocó la protesta de la comunidad internacional.

Estas ejecuciones «pisotean» la moratoria anunciada por la Comisión Saudí de Derechos Humanos en enero de 2021 sobre la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas, según denunció Amnistía Internacional en un comunicado de prensa publicado la semana pasada.

«Esta llamativa escalada en el uso de la pena de muerte este año revela el verdadero rostro que las autoridades saudíes esconden detrás de la llamada agenda de reformas progresistas que están presentando al mundo», declaró Diana Semaan, subdirectora adjunta de la organización para Oriente Medio y África del Norte.

Las autoridades saudíes no especifican los métodos utilizados para llevar a cabo la pena capital, pero generalmente utilizan la decapitación.

Arabia Saudí, una monarquía absoluta, tiene una ley desde 1992, asimilada a una Constitución, basada en la Sharia, la ley islámica.

El homicidio, la violación, el robo a mano armada, la brujería, el adulterio, la sodomía, la homosexualidad y la apostasía se castigan con la muerte.