Una persona ha muerto este jueves en una protesta en la ciudad peruana de Ayacucho, en la que los manifestantes han tratado de tomar el aeropuerto de la localidad, con lo que la cifra de muertes se eleva a nueve desde el domingo en las manifestaciones que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, la salida del Congreso y la convocatoria de una asamblea constituyente.

La Dirección Regional de Salud de céntrico Ayacucho ha indicado que la persona falleció como «consecuencia de los enfrentamientos que se registran en las inmediaciones del aeropuerto Alfredo Mendívil Duarte».

Los manifestantes habían tratado de acceder a la pista del aeropuerto y la Policía y el Ejército les hicieron retroceder.

La de Ayacucho es una de las múltiples protestas que han continuado en el primer día en el que el estado de emergencia se ha extendido .

Las protestas se han reproducido también en las provincias de Cuzco, Cajamarca y Apurimac. Al menos setenta puntos de carreteras seguían cortados y, al igual que el de Ayacucho, siguen cerrados los aeropuertos de Arequipa, Cuzco, Juliaca y Andahuaylas.

Cmunidades indígenas ashaninka se ha sumado en Lima a las protestas de sindicatos, campesinos y organizaciones civiles bajo una fuerte presencia policial.

Contra Boluarte

Miles de agentes de la Policía y el Ejército se han desplegado en la capital, donde los manifestantes han gritado «Dina traidora» y «¡Dina asesina!», haciendo responsable de las muertes a la jueva presidenta, Dina Boluarte.

«El país está muy mal. Queremos adelantar las elecciones y sustituir a este Parlamento que no nos representa. Pedro Castillo todavía es mi presidente, lo destituyeron ilegalmente. Dina Boluarte no representa nada para el país», ha afirmado Irineo Sánchez, líder ashaninka.

Ante las protestas, el Gobierno de Dina Boluarte decretó el estado de emergencia por 30 días en todo el país, una medida que ya estaba en vigor en varias provincias. Además, autorizó al Ejército a intervenir en puntos estratégicos del país, como aeropuertos, centrales hidroeléctricas y carreteras.

El primer ministro, Pedro Angulo, aseguró que será la Policía quien determine los límites a los derechos aplicados.

Mientras, Castillo ha reclamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  que interceda por sus derechos y responsabilizó a los jueces y fiscales «de lo que pase en el país».

La Fiscalía ha pedido 18 meses de prisión preventiva en una audiencia en la que ni Castillo ni sus abogados ha participado, denunciadno que no se han dado  las mínimas garantías para proteger los derechos del  expresidente, que ha sido defendido por un abogado de oficio.