Unos 40 países han respaldado una declaración para denunciar las represalias impuestas por Israel contra la Autoridad Palestina en respuesta a la aprobación en la Asamblea General de la ONU de una resolución que solicita a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) una «opinión consultiva» sobre la ocupación israelí de territorios palestinos.

«Independientemente de la posición de cada país sobre la resolución, rechazamos las medidas punitivas en respuesta a una solicitud de opinión consultiva por parte de la CIJ, y más ampliamente en respuesta a una resolución de la Asamblea General (de la ONU), y pedimos su inmediato levantamiento», han resaltado 39 países firmantes de un comunicado conjunto.

En este sentido, los Estados han expresado su «apoyo inquebrantable» a la CIJ y al Derecho Internacional como «piedra angular» del orden internacional, así como su compromiso con el multilateralismo.

«Expresamos nuestra profunda preocupación por la decisión del Gobierno israelí de imponer medidas punitivas contra el pueblo y la sociedad civil palestina, tras la solicitud de la Asamblea General de una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia», reza la misiva.

Entre los firmantes se encuentran países como, Argentina, Brasil, Chile, Cuba, México, Argelia, el Estado español, Nueva Zelanda, Japón y Pakistán, entre otros.

La ronda de sanciones aprobada el pasado 6 de enero por el Ejecutivo israelí tuvo lugar después de que la Asamblea General de Naciones Unidas pidiera a la CIJ, a petición palestina, pronunciarse urgentemente sobre el «estatus legal de la ocupación» y «anexión» de territorios palestinos por parte de Israel.

En una resolución aprobada con 87 votos a favor, 26 en contra y 53 abstenciones, la ONU solicitó así a la corte internacional que expresase su opinión y mediase en el conflicto palestino-israelí.

Las sanciones acordadas comprenden la «incautación» de casi 40 millones de euros en concepto de recaudaciones de impuestos que el Gobierno israelí efectúa en nombre de las autoridades palestinas.

Otra sanción también prohibirá a la Autoridad Palestina el uso del dinero recaudado para las familias de los palestinos acusados por Israel de cometer atentados en 2022.