El Gobierno navarro ha manifestado este miércoles su conformidad a la toma en consideración de la proposición de ley de modificación de la ley foral de sanidad animal que, entre otras cuestiones, establece tamaños máximos para explotaciones ganaderas.

La iniciativa, presentada por PSN, Geroa Bai y Podemos-Ahal Dugu, responde a «la necesidad de atender al nuevo marco regulatorio y de mejorar aspectos de la regulación actual, teniendo en cuenta los nuevos retos que plantea la Política Agraria Común y los desafíos del Green Deal o de estrategias como «De la Granja a la mesa» y de biodiversidad».

Así lo indica el Gobierno navarro que añade que, además, tiene como objeto establecer de forma precisa y ordenada las condiciones medioambientales, higiénico-sanitarias, de bienestar animal y de ordenación zootécnica que la actividad ganadera debe cumplir.

La Administración General del Estado ha establecido las normas básicas de ordenación de las granjas bovinas, norma que, entre otras cuestiones, fija la capacidad productiva máxima de las granjas bovinas en 850 UGM (Unidad de Ganado Mayor). Este límite no afecta a la macrogranja de Caparroso, porque estaba implantada antes de que se aprobara la norma estatal.

La proposición vuelve ahora al Parlamento navarro, donde necesitará el visto bueno de EH Bildu para ser aprobada. La formación abertzale vetó una norma previa referida a las explotaciones ganaderas al considerar que no fijaba unos límites adecuados a las explotaciones. La ley impulsada por el Gobierno navarro establecía un límite de 1.250 UGM, superior al decretado ahora desde Madrid.

Adaptarse a la norma estatal

Con la proposición de ley foral se busca la adaptación a esa normativa estatal y responder a la necesidad de mejorar aspectos de la regulación actual de la normativa navarra.

La proposición presentada establece, entre otras medidas, las distancias y tamaños máximos para las explotaciones ganaderas; y los criterios para percibir indemnizaciones por sacrificios declarados obligatorios por la autoridad. Además, modifica la resolución de expedientes en tramitación.

Se establecen unos tamaños máximos para las explotaciones ganaderas como medida preventiva para evitar la difusión de enfermedades y la repercusión de las mismas. Estos tamaños son: 864 UGM para explotación de porcino; 300.000 plazas para broilers y aves en general, y gallinas de puesta y recría; 600.000 plazas para explotaciones de gallinas reproductoras y su recría, y también para explotaciones de codornices; y 50.000 plazas para explotaciones de aves con salida a parques.

Además, las explotaciones deben mantener entre sí y, recíprocamente, con las instalaciones destinadas a concentraciones ganaderas y otras actividades de riesgo para la sanidad animal o relacionadas, las distancias que se establezcan reglamentariamente.

Para la fijación de estas distancias se tendrán en cuenta las circunstancias geográficas y las características de las especies ganaderas, tamaño de explotación, tipo de explotación y riesgo epidemiológico.

Según la nueva propuesta, el sacrificio que se declare obligatorio por la autoridad competente deberá llevar consigo la correspondiente indemnización, de acuerdo con la normativa y baremos vigentes.