La subida de los tipos de interés está destrozando los presupuestos de las personas hipotecadas. Su efecto es todavía mucho más dañino en los países del Sur global que han visto multiplicar los intereses que deben devolver por sus préstamos. Varios grupos y organizaciones internacionales han denunciado que los países del Sur global se enfrenta a la peor crisis de deuda de la historia.

A principios de junio un grupo de exjefes de bancos centrales y ministros de Finanzas de países como Argentina, Colombia, India, Nigeria, Kenia o Sudáfrica enviaron una carta a los líderes mundiales representados en el G20 en la que pedían que el Marco Común puesto en marcha por el G20 brinde a los países endeudados un alivio justo y comparable de todos los acreedores, que les permita satisfacer sus necesidades de gasto e inversión.

El Grupo Alivio de la Deuda para una Recuperación Verde e Inclusiva (DRGR, por sus siglas en inglés) que ha impulsado esta iniciativa calcula que a los países del Sur global el servicio de deuda les costará unos 400.000 millones de dólares en 2024. Según los cálculos de este grupo, 47 países no pueden gastar el dinero necesario para la adaptación climática y el desarrollo sostenible sin correr el riesgo de terminar en una situación de impago en los próximos cinco años.

El grupo Debt Relief International en un informe elaborado para Norwegian Church Aid calcula que el servicio de deuda está absorbiendo de media el 41,5% de los ingresos presupuestarios y que es responsable del 41,6% del gasto total de estos países. Esto supone que el Sur global está dedicando el 8,4% del PIB a pagar las deudas, una cantidad extraordinaria que equivale aproximadamente al gasto de Alemania en Sanidad en 2022. La deuda externa supone un trasvase de recursos sin precedentes de los países con menos recursos hacia los ricos y poderosos del norte.

Según el informe, el servicio de deuda supera todo el gasto social de estos países y representa 2,7 veces el gasto en educación, 4,2 veces el gasto en salud, 11 veces el gasto en protección social y 54 veces lo que estos países invierten en adaptación climática. Unas cifras que no permiten atender, no ya la adaptación climática, sino los más elementales gastos sociales, como las inversiones en salud, educación y protección social. Un saqueo en toda regla.

Dagfinn Høybråten, secretario general de Norwegian Church Aid, recordó en la presentación del informe que «una carga de deuda elevada supone una enorme sangría para la economía de un país y afecta primero a los sectores más pobres de la población mediante recortes en el gasto social, educativo o sanitario para pagar las deudas».

El Marco Común del G20

Tanto un grupo como el otro señalan que el Marco Común del G20 para el alivio de la deuda del Sur global que se adoptó en 2020 como consecuencia de los desbarajustes que provocó la crisis sanitaria de la covid-19 no está funcionando. Se diseñó como un esquema para acelerar la reestructuración de la deuda, sin embargo, la diversidad de acreedores entre los que los prestamistas privados tienen un importante peso –y enorme capacidad para litigiar sin fin– dificulta mucho los acuerdos.

Por otra parte, los organismos multilaterales reivindican un carácter privilegiado para sus deudas –que no se apliquen quitas–, algo con lo que China, que es el principal prestamista bilateral, no está de acuerdo. La razón principal no parece que sea tanto porque pierde parte de sus préstamos, como porque esa situación privilegiada de los organismos internacionales, como el FMI y los bancos de desarrollo, les permite seguir imponiendo sus programas de ajuste a los países del Sur global. Unos programas que no hacen sino agravar los problemas y que vuelven endémica la pobreza y la dependencia.

En este contexto de intereses contrapuestos y ausencia de un marco común que obligue a todos os acreedores, los acuerdos se dilatan en el tiempo, lo que impide que los países puedan tomar medidas enérgicas mientras duran las negociaciones. De ahí que muy pocos países se hayan acogido a este mecanismo puesto en marcha por el G20. Zambia ha sido uno de ellos, y tras más de cuatro años de negociaciones, recientemente ha logrado cerrar un acuerdo. Durante este tiempo la deuda ha seguido creciendo. Así, por ejemplo, en 2022 alcanzó los 28.896 millones de dólares, 6.340 millones más que 2021, creció un 20% en un solo año mientras negociaba con los acreedores. Frente a esas cantidadwa, la reducción de 900 millones acordada, apenas el 3% del total, es simplemente ridícula.

Ante la incapacidad manifiesta de ofrecer un marco para la reestructuración de las deudas de los países del Sur global, se estén multiplicando la iniciativas para gestionar la crisis de la deuda de una manera mucho más justa para los países deudores.

Iniciativas legislativas

La Ley de Protección de Crisis Internacionales de Deuda y de Contribuyentes de Nueva York se presentó en el estado Nueva York que es una de las jurisdicciones en la que se formalizan gran parte de las emisiones de deuda internacionales. La principal novedad que propone esta norma es que los países con problemas para devolver sus préstamos puedan pedir al estado de Nueva York que designe un administrador para gestionar la suspensión de pagos y que este administrador tenga potestad para imponer a todos los acreedores un acuerdo. Un cambio sencillo que acortaría las negociaciones, ya que reduciría el espacio para los litigios, y además permitiría a los países tomar medidas urgentes para mejorar su situación económica.

Una iniciativa similar ha sido presentada por los profesores Stephen Connelly y Celine Tan de   Warwick Law School en Gran Bretaña que es otra de las jurisdicciones con mayor cantidad de contratos de financiación de países del Sur global. La iniciativa sigue la misma línea y planea que se congelen las demandas judiciales contra un país si este se ha acogido a una iniciativa de alivio de la deuda internacional. La segunda propuesta es que se aplique a la reestructuración de la deuda de los países del Sur global la misma ley que se aplica a las reestructuraciones de empresas locales o extranjeras. Un cambio sencillo que ofrecería un marco legal que en este momento no existe.

La propuesta de Debt Relief International

El informe presentado por iniciativa noruega, más que propuestas concretas contiene una serie de criterios que se deberían aplicar en el caso de que un país de Sur global tenga problemas para devolver sus préstamos. En primer lugar, los autores consideran que se debería acordar un sistema que estuviera disponible para todos los países. Un sistema general que pudiera ser  adaptado en función de ingresos o regiones.

En segundo lugar, el documento propone limitar el servicio de deuda –el pago de intereses y devolución del principal– a un máximo del 15% de los ingresos presupuestarios del país, de modo que los Estados mantengan capacidad para invertir, especialmente en programas sociales que suelen ser los más urgentes, y los primeros que se descapitalizan. En tercer lugar, señala que se debería producir una moratoria inmediata en los pagos en cuanto una país solicite la reestructuración de su deuda. El acuerdo debería incluir a todos los acreedores para impedir que sigan litigando. Muchos acreedores, especialmente los fondos buitres suelen seguir con los litigios hasta que consiguen en los tribunales aquello que otros acreedores cedieron en las negociaciones. En relación con lo anterior, los autores del informe también proponen que se otorgue protección a los deudores para evitar que se retengan sus activos o tengan que hacer frente a nuevas demandas una vez declarada la suspensión de pagos.

Estos últimos puntos de la propuesta apuntan al centro del problema: los países deudores del Sur global que se encuentran en una situación de quiebra están completamente indefensos frente a los litigios que puedan plantear los acreedores. No existe un marco legal al que puedan acogerse.

La conferencia de la ONU sobre financiación del desarrollo

El documento de Norwegian Church Aid aboga por utilizar la conferencia que Naciones Unidas celebrará en 2025 sobre Financiación para el Desarrollo para discutir todas estas cuestiones. Sus representantes abogan por impulsar una iniciativa nórdica en esa conferencia que sirva para manejar la actual crisis de deuda.

Como señala el secretario genera de la organización, Dagfinn Høybråten, «una crisis de deuda paraliza y socava todos los demás esfuerzos de desarrollo. La crisis de 1982 duró más de 20 años con mucho sufrimiento antes de que finalmente se resolviera en 2005. No tenemos una generación para abordar esta nueva crisis de deuda».