El Gobierno español ha reconocido que el president de la Generalitat Lluís Companys, fusilado por el régimen franquista, «padeció persecución por razones políticas e ideológicas», y ha declarado «ilegal e ilegítimo» el consejo de guerra sumarísimo que lo juzgó, así como la sentencia que lo condenó a muerte.

A raíz de las peticiones del Govern de ERC, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno ha hecho llegar al Departamento de Justicia del Ejecutivo catalán una declaración de reconocimiento y reparación personal hacia la figura de Companys, de acuerdo con la cual fue «represaliado» por ser el presidente de la Generalitat, según informan este martes ambos ejecutivos.

La declaración de reparación del Gobierno español considera «ilegítimas y nulas las condenas del consejo de guerra y las sentencias emitidas por estos y otros tribunales contra el presidente» de la Generalitat, hechas hace casi 84 años.

De esta manera, y por primera vez, el Gobierno reconoce de manera oficial que Companys fue «represaliado, condenado y fusilado por ser el máximo representantes de la Generalitat y por su militancia e ideología».

En concreto, el texto del Gobierno señala que Companys fue condenado por «haber sido abogado de los sindicatos únicos y de la CNT, por haber organizado la Unión de Rabassaires, por haber sido fundador de ERC, por haber proclamado la República el 14 de abril de 1931 y por cargos públicos ejercidos durante la Segunda República, concretamente, por haber ocupado la presidencia de la Generalitat» de Catalunya.

Por todo ello, el Gobierno declara «ilegales e ilegítimos, tanto el Tribunal Regional de Responsabilidad Política de Barcelona como el consejo de guerra sumarísimo» que enjuiciaron a Comapnys.

De esta manera, el ejecutivo considera que Companys tiene «derecho al reconocimiento y a obtener la reparación moral y la recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva».

En consecuencia, el Ministerio «declara ilegítimas y nulas cualquier condena, sanción o resolución dictada contra Companys» por «razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra de España o la dictadura posterior».

El pasado mes de noviembre, el Govern aprobó un acuerdo para activar el procedimiento para pedir al Ejecutivo la formalización de la nulidad de las sentencias impuestas a Companys, una de las cuales lo condenó a muerte.