El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha anunciado este miércoles que impulsará la derogación de la Ley de Amnistía para las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

«Pondremos urgencia a la tramitación de proyecto de ley que busca excluir la aplicación de amnistía, indulto y prescripción respecto de los crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado o con su autorización», ha señalado el mandatario en su discurso por la 51° conmemoración del golpe de Estado que derrocó al Gobierno democrático de Salvador Allende en 1973.

«Si bien la amnistía ya no se aplica gracias a una sólida jurisprudencia de los tribunales de justicia, terminar con sus efectos de forma definitiva e irreversible es una deuda pendiente que tenemos como país», ha precisado el mandatario desde el Palacio de La Moneda (sede del Gobierno) en un acto oficial solemne, pero sobrio.

Boric, que ha anunciado también que presentará un proyecto de ley para tipificar el delito de desaparición forzada, ha reiterado su intención de desclasificar la información del Informe Valech, elaborado hace dos décadas por la Comisión de Prisión Política y Tortura para esclarecer la identidad de los opositores encarcelados y torturados durante la dictadura.

«Con esto no hacemos más que cumplir con las obligaciones del Estado de Chile establecidas en las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, así como en dos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2006 y 2013», ha agregado el presidente.

El objetivo es que la información que recogió esa comisión, creada en 2003, se ponga a disposición de los tribunales de justicia y de las autoridades a cargo del inédito Plan Nacional de Búsqueda impulsado por el actual Gobierno.

Hace un año, el Gobierno de Gabriel Boric presentó un Plan Nacional de Búsqueda para esclarecer las circunstancias de desaparición y muerte de las personas víctimas de desaparición forzada.

Es la primera vez desde el fin de la dictadura que el Estado chileno asume la búsqueda de los desaparecidos, pues hasta ahora la tarea había estado a cargo de grupos de familiares, agrupaciones de víctimas de la dictadura y organizaciones de derechos humanos.

No obstante, con el paso de los meses, el Ejecutivo ha lamentado que el «pacto de silencio» de los represores dificulte esas labores.

En Chile ha habido decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Pinochet, quien, sin embargo, murió en 2006 a los 91 años de edad sin ser condenado por su responsabilidad en los crímenes.

La dictadura dejó un saldo de casi 40.000 víctimas, entre ellas al menos 3.200 opositores ejecutados, de los que 1.469 fueron víctimas de desaparición forzada. Tras décadas de búsqueda, se encontraron e identificaron los restos de 307 y aún falta encontrar a otros 1.162, según las últimas cifras oficiales.

Retratos de represores

Precisamente, este miércoles se ha dado a conocer que la Corte Suprema de Chile ha revocado una sentencia que prohibía la exhibición en instalaciones militares de los retratos de varios líderes de la dictadura y el golpe de Estado y ha vuelto a autorizar al Ejército su uso.

En contra de la sentencia emitida tiempo atrás por la corte de Apelaciones de Santiago, el máximo tribunal argumenta que los retratos al óleo del almirante José Toribio Merino, uno de los principales instigadores de la asonada, y de los responsables del cuerpo de la policía militar de Carabineros, César Mendoza y Rodolfo Stange, no constituyen homenajes, sino registros históricos de quienes estuvieron a la cabeza de la Armada de Chile y Carabineros.

Ambos exgenerales, junto al entonces jefe de Armada, integraron después la Junta Militar que rigió y sometió al país a una dictadura al mando del también general Augusto Pinochet.

«No podemos compartir el argumento de la Corte para revocar las sentencias de la Corte de Santiago. No se mandan a hacer retratos al óleo de personajes simplemente para dejar registrada su existencia, rasgos faciales o características antropométricas», ha protestado tras conocerse el fallo Luis Mariano Rendon, abogado de la Fundación Memoria Histórica.

«Se trata de obras de arte que buscan enaltecer la imagen de ciertos individuos y así son exhibidas. Nadie ha pedido que se eliminen las fotografías de estos sujetos que puedan existir en sus hojas de vida. Esos sí son registros históricos que deben ser conservados», ha agregado el letrado.

Al hilo de este argumento, Rendón denunció que «lo que hace la Corte es ‘normalizar’ la imagen de personajes responsables de políticas criminales. Esa normalización opera al exhibir los retratos de esos personajes junto a los de oficiales decentes, respetuosos de la Constitución y la ley y de la dignidad de sus compatriotas».