«Acelerar» la declaración de zonas tensionadas es uno de los objetivos del Departamento de Vivienda de Lakua, según ha asegurado en el Parlamento de Gasteiz su titular, Denis Itxaso, al que EH Bildu le ha pedido cambios urgentes y que aumente el parque público de alquiler y baje el precio de los alquileres.

Según ha explicado Itxaso en comisión, del total de 43 municipios que cumplen los requisitos para ser declaradas zonas tensionadas, solo Errenteria y Zumaia han pedido por el momento serlo.

Ha recordado que la falta de vivienda y su carestía son las causas principales para acceder a una vivienda y ha defendido que la manera más inmediata de poder contener los precios son las declaraciones de zonas tensionadas conforme a la ley estatal, que ha dicho que «va a comenzar a producirse en las próximas semanas».

Itxaso ha explicado que su departamento trabaja «intensamente» con los ayuntamientos con el fin de «acelerar las declaraciones que hagan posible topar los precios de los alquileres».

68% de la población

Son 43 los municipios vascos que reúnen los requisitos para entrar en esta clasificación que permitirá poner tope a los precios de los alquileres, en los que reside el 68% de la población de la CAV, cerca de 1,5 millones de personas.

No obstante, solo dos de ellos lo han pedido oficialmente por el momento, los guipuzcoanos de Zumaia y Errenteria, que será la primera localidad en lograr esta calificación, en el mes de octubre.

Las capital guipuzcoana, Irun y Zarautz han mantenido conversaciones con el departamento para transitar hacia su reconocimiento como zona tensionada y están en el proceso de reunir la documentación requerida para solicitarlo.

Pisos turísticos

El Departamento está inmerso además en la redacción del Plan Territorial Sectorial de Recursos Turísticos, junto con el Departamento de Turismo, en el que se prevé la posibilidad de introducir, con respeto a la autonomía municipal, «medidas restrictivas de diferente índole» sobre las viviendas turísticas en las áreas declaradas como zonas tensionadas.

Itxaso ha señalado que «no tiene sentido» que si un Ayuntamiento quiere entrar dentro de esta denominación por tener problemas de vivienda «incremente los pisos turísticos».

El consejero ha añadido que, de cara a esta legislatura, el objetivo al que van encaminadas todas las medidas de su cartera es hacer efectivo el derecho subjetivo de acceso a una vivienda reconocido por ley.

Ha alertado de que la vivienda «es hoy una verdadera emergencia social», con 90.000 unidades convivenciales inscritas en Etxebide.

Plan de choque para Donostia

El consejero ha recordado que el Pacto Social de la vivienda estableció poner en el mercado 7.000 nuevas viviendas de alquiler asequible, de las que el 50% irán destinadas a menores de 36 años, lo que implica elevar el 40% el ritmo y pasar de 5.000 a 7.000 viviendas en una legislatura.

Entre las medidas a adoptar para lograr aumentar el parque público ha citado extender el derecho de tanteo y retracto sobre los inmuebles protegidas que salgan a la venta, adquirir los que los promotores privados no puedan vender, y captar viviendas deshabitadas, entre otras.

Itxaso ha subrayado que donde la problemática es más acuciante es en las tres capitales, con especial relevancia en la guipuzcoana, en la que ha lamentado que la capacidad de intervención de su departamento «no ha podido desarrollarse hasta la fecha con la misma fluidez que en las otras dos capitales».

Tras recordar que en lo que va de legislatura se han acabado 258 viviendas en el barrio de Txomin Enea y explicar los proyectos en marcha, el consejero ha considerado que con el actual nivel de «inversión y colaboración (con el Ayuntamiento) no se está a la altura de las dimensiones del problema».

Por ello, se ha mostrado dispuesto a emprender actuaciones «del mismo nivel y calibre» que en Bilbo y Gasteiz y ha propuesto al Consistorio pactar un plan de choque que sea monitorizado por una comisión permanente.

Por lo que respecta a las otras dos capitales, en Bilbo hay convenios para construir 1.500 viviendas, y en Gasteiz para levantar 960 y rehabilitar 62.

EH Bildu pone el foco en el alquiler

Por su parte, EH Bildu ha pedido autocrítica al Gobierno de Lakua, porque las políticas que ha aplicado hasta ahora no han servido para solucionar el problema de la vivienda. «Para obtener resultados distintos, en adelante hay que hacer las cosas de otro modo», ha señalado el parlamentario Xabier Astigarraga.

La formación abertzale ha demandado un cambio urgente en la política de vivienda a la vista de la situación de emergencia en la que está inmerso ese sector en los últimos años. Astigarraga ha instado al nuevo consejero de Vivienda a trabajar en esa dirección y con dos prioridades claras: aumentar el parque público de alquiler y bajar los precios de los arrendamientos.

En relación al primero, ha pedido autocrítica al Gobierno PNV-PSE por su «falta de ambición o interés durante años en crear un amplio parque público de alquiler», una política que ha hecho que «nuestro parque público sea insignificante», muy lejos de los que disponen en otros muchos lugares de Europa.

En relación a los precios, el parlamentario de EH Bildu ha defendido la necesidad de que «el sector público intervenga para regular el mercado de la vivienda, aprovechando para ello las posibilidades que ofrecen las leyes vigentes y estableciendo nuevas normas».

En este sentido, ha criticado que el Gobierno de Lakua no haya desarrollado la Ley de Vivienda de 2023. «Hoy por hoy no se ha declarado ni una sola zona tensionada; es más, el Gobierno ha recurrido la ley intentando obstaculizar su aplicación. Cuando los precios no paran de subir, cuando la juventud no puede acceder a una vivienda a precios asequibles y tiene enormes dificultades para emanciparse, no entendemos cómo este gobierno bloquea la aplicación de leyes que afectan a los precios o, al menos, no da pasos para desarrollarlas».

La realidad, ha constatado Astigarraga, es que en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa los precios de la vivienda, tanto de compraventa como de alquiler, crecen de manera constante, solo una de cada tres personas logra emanciparse antes de los 34 años y más de 72.000 personas están a la espera de recibir una vivienda social en alquiler en Etxebide.

Los datos, por tanto, evidencian que «las políticas realizadas hasta ahora no han sido capaces de hacer frente al problema que tenemos con la vivienda y si se sigue haciendo lo mismo que hasta ahora, no se va a solucionar el problema. Si queremos obtener resultados diferentes, hay que hacer las cosas de otra manera».