La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Irun ha aprobado la declaración del municipio como zona tensionada en su totalidad y la remisión al Departamento de Vivienda del Gobierno de Lakua del informe diagnóstico, el plan de acción y la memoria justificativa.

La alcaldesa de Irun, Cristina Laborda, ha explicado, en rueda de prensa, que el Consistorio sigue adelante con la tramitación para que la ciudad sea declarada como zona tensionada ya que, según ha dicho, «nos parece fundamental que nuestros esfuerzos vayan centrados, entre otros, a las políticas de Vivienda, para que todo ciudadano de Irun pueda poner en marcha su proyecto de vida en su propia ciudad».

«Desde el Ayuntamiento de Irun ya hemos cumplido con nuestro trabajo, y ahora esperamos la colaboración del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco para que la declaración sea una realidad lo antes posible», ha señalado.

La medida de las zonas tensionadas, en cuestión, fue aprobada en mayo del año pasado en el Congreso de los Diputados, y acogerse a ella supone «el reconocimiento municipal de un problema serio de acceso a ese bien básico, algo que el diagnóstico efectuado por Irunvi confirma y pone en evidencia», ha apuntado.

Tal y como ha recordado la alcaldesa irundarra, los municipios que pueden declararse como zona tensionada deben cumplir uno de estos dos requisitos que marca la ley. El primero es que el precio de alquiler haya subido en los cinco años anteriores a la declaración en un 17%, el porcentaje que se entiende equivalente a al menos tres puntos porcentuales superior al crecimiento acumulado del IPC de la CAV.

El segundo es que sea una zona en la que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler en el presupuesto personal o de la unidad de convivencia más los gastos y suministros básicos supere el 30% de los ingresos medios o de la renta media de los hogares. «El diagnóstico constata que Irun en toda su extensión cumple ambos requisitos», ha afirmado.

Efectos de la declaración

En cuanto a los efectos que se producirán con la declaración de zona tensionada, es que topa los precios, establece tres prórrogas anuales extraordinarias para los contratos que finalicen y fija límites reforzados para los grandes tenedores (que poseen cinco o más viviendas). Se limita también el precio del alquiler de nuevos contratos en viviendas que no hayan estado alquiladas los últimos años.

En paralelo a estas medidas, el municipio deberá poner en marcha su plan de acción, con actuaciones que van desde la colaboración entre administraciones o con el sector privado para estimular la oferta de vivienda asequible hasta la movilización de hogares deshabitados, pasando por el establecimiento de ayudas específicas o medidas de financiación para la contención o reducción de los precios de alquiler o venta.

Laborda ha detallado que ahora será el Gobierno de Lakua quién deberá analizar la documentación remitida y, en caso de considerarla completa, dicte orden de incoación y propuesta de declaración de la zona tensionada, que se someterá a información pública por plazo de al menos veinte días, mediante su publicación en el Boletín Oficial de la CAV y el de Gipuzkoa.

La alcaldesa ha precisado que el reconocimiento de Irun como zona tensionada tendrá como efecto la aplicación de las modificaciones realizadas en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), con el objetivo de moderar el crecimiento de los precios de alquiler en el parque de vivienda libre, y «contribuir así a mejorar la seguridad jurídica y la estabilidad en la tenencia de los hogares más vulnerables».

También la aprobación del Plan de Vivienda a desarrollar en los próximos tres años, en «estrecha colaboración y coordinación competencial» con el Gobierno de Lakua, así como el fomento del alquiler asequible con el fin de incrementar «de manera decidida» la oferta disponible de vivienda asequible en Irun.

Para ello, se ha previsto el inicio de la construcción de mil viviendas de protección pública en distintos ámbitos del municipio: San Miguel Anaka (612), Lastaola-Postaetxea (99), Korrokoitz (63), Alei (60), Alberto Larzabal (43), Mendipe (36), Edificio Emigración (31). Larreandi (22), Lucas de Berroa (20), y Calle Mayor (14).

Asimismo, se fomentarán los programas de intermediación en el mercado de alquiler ampliando los porcentajes de bonificación en el Impuesto de Bienes e Inmuebles para las viviendas vacías que pasen a formar parte de programas de intermediación y completando las ayudas para la rehabilitación de las viviendas vacías.