La banca considera que la decisión de crear un nuevo impuesto al sector «afecta al crecimiento económico» y, en caso de aprobarse en los términos anunciados, no descarta acudir a los tribunales «puesto que considera que subsisten algunos de los vicios de inconstitucionalidad del actual gravamen en vigor».

Las patronales bancarias han reaccionado a través de un comunicado tras filtrarse que el Gobierno español hará decaer impuesto extraordinario a las empresas energéticas pero no así el gravamen a la banca, que se transformará en un impuesto sobre los intereses y comisiones de las entidades financieras que estará vigente hasta 2028.

La AEB y CECA, las asociaciones que representan a los bancos y a los nuevos grupos bancarios creados por las antiguas cajas, advierten de que ese nuevo impuesto «merma el crédito a familias y empresas, especialmente a las pymes, que suponen el soporte del tejido productivo español y la base de creación de empleo».

El sector recuerda que, en un contexto de tensión geopolítica global y en el que el Estado español al igual que Europa enfrenta la necesidad de inversiones millonarias, «la financiación bancaria es imprescindible para que se puedan acometer».

La AEB y CECA muestran además su rotundo rechazo a un impuesto «discriminatorio», que a su juicio «estigmatiza y perjudica la solvencia y competitividad de los bancos españoles».

También añaden que ese impuesto es «contrario» a las recomendaciones de organismos internacionales como el FMI y el BCE e insisten en que el Estado español «es el único país» que ha creado un impuesto adicional de estas características sobre el margen bancario.

Dicho todo esto, añaden, la banca estatal «sigue trabajando diariamente para cumplir su función en la dinamización de la economía y la fluidez del crédito, y para asegurar la protección de sus clientes y accionistas».