Seis de los veintiún acusados en la causa por la protesta denominada Rodea el Congreso el 25 de septiembre de 2012 han pactado con la Fiscalía de Madrid penas de hasta 11 meses de prisión sustituibles por el pago de una multa económica de hasta 1.320 euros por dilaciones indebidas en el proceso judicial que ha arrancado este lunes, después de reconocer los hechos.

La primera sesión de la vista oral ha arrancado en los juzgados de lo Penal de Madrid con las cuestiones previas y la testifical de los agentes de la Policía española que intervinieron en el operativo desplegado por la Delegación de Gobierno.

Aquella jornada, convocada por varios colectivos que coreaban consignas como ‘Que no nos representan’ o ‘lo llaman democracia y no lo es’, se saldó con 35 detenidos y al menos 64 heridos entre manifestantes y policías, tal y como recogió NAIZ. Participaron unas 6.000 personas, según informó entonces la Delegación del Gobierno español.

Antes de la vista, los abogados de seis de los acusados han alcanzado un acuerdo de conformidad con las partes ante el reconocimiento de los delitos. Al aplicarse unas dilaciones indebidas muy cualificadas, las solicitudes de pena de cárcel quedan reducidas a una multa.

Los quince restantes acusados se han negado a pactar con la Fiscalía, que pide para ellos condenas de hasta siete años de prisión por los delitos de desórdenes públicos, atentado a la autoridad, resistencia, daños y lesiones, entre otros, y han reclamado su libre absolución. Los letrados han aportado vídeos, fotogramas y fotografías que demostrarían la inocencia de sus clientes.

Además, las defensas también han solicitado que los procesados declaren cuando concluya la prueba, es decir, al final de la vista oral. 

Por su parte, en la prueba testifical, uno de los policías heridos durante la protesta ha destacado que «nunca se había visto tal violencia de grupos organizados antifascistas o anarquistas en Madrid» contra los agentes antidisturbios, por lo que se procedió a las cargas policiales y a las detenciones. Frente a ellos, ha dicho, «miles de personas se manifestaban de forma pacífica» contra las entonces decisiones políticas.

Ocho de los organizadores de la protesta fueron procesados por la Audiencia Nacional. Entre ellos figuraba Elena Martínez, actualmente portavoz de la Asamblea de Apoyo a los encausados y en aquella época portavoz de la Coordinadora 25S.

Citación judicial que llegaba desde el 16 al 23 de septiembre

Con carácter previo al arranque de la sesión, Martínez ha señalado que el juicio es parte de «una escalada represiva que comenzó hace 12 años» con Cristina Cifuentes como delegada del Gobierno en Madrid y ha insistido en que mostrar solidaridad con todos ellos es «defender la libertad de todos».

«Fuimos perseguidos, identificados y juzgados con una citación judicial que llegaba desde el 16 al 23 de septiembre por hechos que iban a ocurrir el 25 de septiembre; o sea, se nos mandó una citación judicial por algo que todavía no había ocurrido», ha denunciado a preguntas de la prensa.

Martínez, que ha subrayado que en aquella ocasión hubo un «despliegue policial como no lo ha habido en otras movilizaciones» y que después se aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana, denominada Ley Mordaza, se ha mostrado esperanzada de que, como en el caso de la Audiencia Nacional, la sentencia sea «absolutoria».