Históricamente se ha podido comprobar que Lakua decide qué se puede negociar en el contexto presupuestario y qué no en función de sus intereses y necesidades. Es una tradición que cuando desde la izquierda se le pide no hablar solo de los gastos sino también de los ingresos, es decir, de la reforma fiscal, responde que eso corresponde a las Diputaciones. Pero en 2017 PNV y PSE pactaron esa reforma con el PP en el marco de la negociación presupuestaria.

Ahora, que EH Bildu demanda entrar en la consecución de un SMI propio acorde a la situación económica de la CAV, el lehendakari, Imanol Pradales, se escudó ayer en que «Euskadi no tiene competencias legislativas propias».

Tampoco el 1 de diciembre de 2021, cuando el consejero de Hacienda del Gobierno de Lakua, Pedro Azpiazu, y la entonces portavoz parlamentaria de EH Bildu, Maddalen Iriarte, firmaron un acuerdo para el presupuesto de 2022, en el que el Ejecutivo autonómico adquiría «el compromiso, en todos los marcos de empleo y diálogo social, de defender y fomentar un SMI en convenios colectivos que sea proporcional a la renta media de la Comunidad Autónoma de Euskadi».

SIN CAMBIAR LA LEY

El lehendakari subraya que la CAV no tiene competencias legislativas sobre el SMI, pero lo que EH Bildu pide no es cambiar la ley, sino que el Ejecutivo de Lakua genere las condiciones para que un acuerdo interprofesional sea posible. En ese sentido, demanda que interpele a las partes para que negocien y lleguen a un acuerdo

EH Bildu reclama también que, desde el respeto a la autonomía de las organizaciones empresariales y sindicales, se constituya una mesa de negociación para un acuerdo interprofesional con el fin de que en la CAV se establezca un Salario Mínimo Interprofesional acorde a la realidad socioeconómica vasca.

En su propuesta y en sus enmiendas parciales, EH Bildu entiende que esto depende de que el Gobierno gestione eficazmente la convocatoria de una mesa de negociación colectiva en los dos primeros meses del año 2025. A esta mesa se convocarán a las organizaciones empresariales y sindicales legalmente legitimadas para la firma de un acuerdo interprofesional.

También pide a Lakua un seguimiento e implicación permanente en la puesta a disposición de todos los medios materiales, datos económicos e informes necesarios que puedan ser requeridos por las partes negociadoras.

EH Bildu entiende que el Consejo de Relaciones Laborales podía facilitar a las partes negociadoras el asesoramiento técnico, estudios e informes que se le pidan y que el Ejecutivo puede ofrecer procedimientos de mediación que ayuden a resolver las discrepancias, cuando así lo soliciten las partes negociadoras.

Lo que si considera EH Bildu que puede hacer el Gobierno de Lakua es aplicar el salario mínimo establecido acorde a la realidad socioeconómica vasca en las administraciones públicas, empresas subcontratadas y contrataciones objeto de subvenciones públicas.

CUMPLIR LA LEY DE VIVIENDA

En materia de vivienda, lo que EH Bildu pide es, entre otras cosas, aplicar en el plazo de tres meses de la Ley estatal de Vivienda reguladora de los precios de alquiler. Resulta difícil de entender que el consejero Denis Itxaso, del PSE, pueda estar en contra de eso.

En este terreno, habría que recordar también que el Gobierno de Iñigo Urkullu firmó en 2021 con EH Bildu «poner en marcha, cuando la futura normativa estatal en materia de regulación de precios del alquiler privado lo permita y de conformidad con los acuerdos del Parlamento Vasco al respecto, un sistema de control de precios del alquiler privado, adaptado a las especificidades de la realidad vasca, informando al grupo parlamentario EH Bildu con carácter previo de las decisiones que se puedan adoptar en dicha materia».