Como viene ocurriendo realmente desde la asunción de la competencia penitenciaria en octubre de 2021, sindicatos están presionando al Gobierno de Lakua para lograr para los funcionarios de cárceles mejoras laborales y también el mantenimiento de condiciones que tenían anteriormente bajo el control del Gobierno español y entonces con el argumento de la acción armada de ETA. Esta presión aumenta estos días de final de año, en que, aunque no se ha convocado expresamente una huelga, la ausencia de funcionarios a sus puestos de trabajo está obligando a cancelar algunas comunicaciones entre familiares y personas presas.

A esta situación que había trascendido en algunos medios le ha puesto firma este jueves Acaip-UGT, con una comparecencia pública en que su presidente, José Ramón López, ha afirmado que el llamado sistema penitenciario vasco podría ir «a la quiebra» si los funcionarios se marcharan a otros puntos del Estado, donde afirma que tienen mejores condiciones.

López ha comparecido ante los medios de comunicación junto con el secretario general de UGT-Euskadi, Raúl Arza, y el coordinador de Acaip-UGT en la CAV, Juan Carlos Díaz. Según su versión, lo que está ocurriendo no es una huelga encubierta, sino que se están dejando de hacer horas extras para no amparar «la ineficacia del Gobierno Vasco».

Ha explicado que actualmente entre Zaballa, Martutene y Basauri hay casi 600 personas trabajando, una cifra prácticamente igual a la que había en 2021 cuando se transfirió la competencia desde Madrid, pero a fecha de 13 de diciembre en el conjunto de los tres penales hay 1.712 internos, lo que supone un 24% más que hace tres años.

261 puestos más en el horizonte

López ha recordado además que en estos momentos hay un concurso de traslados abierto con unas 230 peticiones de funcionarios de las prisiones vascas, el 39 % de la plantilla, por lo que con que 140 trabajadores pidan su traslado fuera, el sistema entraría en «quiebra».

Se da la circunstancia de que el pasado mes de octubre el Consejo de Gobierno de Lakua aprobó presupuesto para un total de 261 plazas de trabajo más en las tres cárceles (96 en Martutene, 104 en Zaballa y 13 en Basauri). Pero López afirma que no palía nada porque no se prevé la OPE correspondiente hasta 2027.

El coordinador de Acaip-UGT en Euskadi ha admitido que la protesta en marcha ha obligado a suspender comunicaciones, además de talleres y otras actividades, en Zaballa, y cree que podría ocurrir lo mismo en Basauri y Martutene.

Un juzgado investiga la posible «huelga encubierta»

Ante ello, el juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Bilbo ha pedido al Juzgado de Guardia que investigue si los trabajadores de la cárcel están llevando a cabo una «huelga encubierta» ante el incremento de bajas.

El Departamento de Justicia y Derechos Humanos de Lakua ha informado de esta decisión judicial recogida en un auto del citado juzgado de Bilbo, en el que se recogen diversos informes llevados a cabo por el director del centro alavés que dan cuenta de la «carencia de recursos humanos por causas sobrevenidas».

En su auto el juez considera la situación «preocupante, insostenible, intolerable y alarmante» y cree que concurren «todos los datos para concluir que se trata de una huelga encubierta». Esta posibilidad «ha conllevado que se vean vulnerados los derechos de la población reclusa».

Por ello, el juez pide «medidas urgentes» y el Ejecutivo autonómico ha activado la bolsa de trabajo y ya ha puesto en marcha la incorporación inmediata de 32 trabajadores. Además, el juzgado emplaza al Gobierno a que estudie la posibilidad de adoptar medidas de carácter disciplinario con respecto a los funcionarios penitenciarios que, «de forma consecutiva, continuada y colectiva, presentaron la baja médica desde el día 4 del presente mes».

Concentración de familiares el sábado

Así las cosas, familiares de presos de Zaballa han convocado para este sábado una concentración para protestar por los perjuicios que están sufriendo las personas presas por falta de personal.

Salhaketa ha dado a conocer este viernes la concentración y ha denunciado el «plante protagonizado por el funcionariado» que está «impidiendo» a los presos ejercer su derecho a la educación, a la defensa, a las comunicaciones con el exterior y a la salud.

Salhaketa afirma que el conflicto entre la Administración penitenciaria de la CAV y sus funcionarios es consecuencia de una transferencia que «no es capaz de garantizar ni los derechos de las personas presas ni las condiciones laborales del funcionariado».

«Este conflicto no puede tomar como rehenes a las personas presas y hacer que paguen las consecuencias de la nefasta gestión del Gobierno Vasco», por lo que ha solicitado la aplicación inmediata de medidas de semilibertad