Según ha explicado el director de la prisión de Zaballa de Araba, Benito Aguirre, el centro penitenciario ha recuperado este viernes las comunicaciones de los presos con sus familiares, allegados y abogados, que habían quedado suspendidas por la falta de personal en el centro.

Desde la transferencia de la competencia de prisiones al Gobierno de Lakua en 2021, los sindicatos han pedido al Ejecutivo mejorar las condiciones de los trabajadores. UGT ofreció el jueves una comparecencia en la que denunció que se están dejando de hacer horas extras para no amparar «la ineficacia del Gobierno Vasco». Salhaketa, por su parte, ha convocado una concentración este sábado en Zaballa.

Según el relato del director, el día 4 de este mes 73 trabajadores empezaran a faltar a su trabajo por incapacidad laboral. Esto provocó la adopción de medidas extraordinarias, como la suspensión de permisos y la realización de más horas extras por parte de los funcionarios, así como la paralización de algunos servicios «esenciales» como las comunicaciones presenciales de los presos y las actividades de formación, cultura y ocio.

Esta suspensión llevó al director de la prisión, tal y como ha señalado en una comparecencia, a comunicarla al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, que tiene entre sus funciones «garantizar la tutela de los derechos de los internos» en las cárceles.

«Mi obligación era notificar al Juzgado que esos servicios esenciales no se estaban cumpliendo», ha dicho Aguirre, quien ha asegurado que en su comunicación no hizo ninguna referencia a las bajas médicas de los funcionarios a las cuales, ha recordado, no tiene acceso para conocer los motivos exactos ni la situación actual.

Diez más

Ha informado de que este mismo viernes por la mañana se han incorporado 10 personas interinas a Zaballa, lo que va a permitir que por la tarde se recuperen las comunicaciones de los internos y que a partir de la próxima semana se puedan ir normalizando los otros servicios afectados.

Ha aclarado que desde el 4 de diciembre solo un día han estado parados los talleres en los que trabajan los presos y que la intención es que sigan funcionando con normalidad. Para ello, Lakua incorporará a otros 22 interinos a partir del lunes.

Aguirre ha insistido en que a los reclusos se les tiene que garantizar el ejercicio de unos derechos «esenciales» como los de seguridad, trabajo y comunicaciones con sus familiares y abogados. Para esto último, se había previsto la entrega «masiva» de tabletas en el caso de que no se pudieran restablecer las comunicaciones presenciales, como así se va a hacer finalmente.

Ha desvinculado su actuación con los conflictos laborales subyacentes en el centro, porque, ha dicho, estos se gestionan en otros ámbitos, pero en referencia a la denuncia hecha este jueves por UGT de un exceso de horas extras, el director de Zaballa ha reconocido que sí se están haciendo, de forma «voluntaria», porque es «justo, necesario y legal», y está previsto en la normativa penitenciaria.

Gracias a estas «prolongaciones de jornada de trabajo» y a la dedicación de los trabajadores del centro se está haciendo frente a un trabajo «complejo y peligroso», ha explicado.

Más internos y perfiles más complejos

Aguirre ha explicado que desde la asunción de la competencia por parte de Lakua el número de presos ha crecido de «forma importante», porque se intenta facilitar el cumplimiento de penas en sus lugares de origen, que el perfil de los prisioneros es «más complejo» y que los incidentes de seguridad que se han dado se resolvieron «gracias a la profesionalidad y el arrojo de las personas que lo gestionaron».

Estas explicaciones se han dado después de que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Bilbo pidiera al de Guardia de Gasteiz que investigue si los trabajadores de Zaballa están llevando a cabo una «huelga encubierta» ante este incremento de las bajas.

En el auto del citado juzgado de Bilbo se recogen diversos informes llevados a cabo por el director del centro que dan cuenta de la «carencia de recursos humanos por causas sobrevenidas».

El director de Zaballa remitió estos informes a instancias del juzgado, en los que también señala que la falta de personal no responde a ninguna convocatoria de huelga, pero «sí a una comunicación verbal, consensuada por el conjunto de la plantilla de trabajadores de cesar en su disponibilidad para realizar las horas extras requeridas para la cobertura de los servicios prestados en el centro penitenciario de forma ordinaria, en el contexto de la negociación de sus condiciones laborales».