Ni siquiera las afirmaciones del secretario de Estado de Transportes español, José Antonio Santano, han conseguido disuadir a UPN en su empeño de calificar como «sabotajes» la resistencia tanto pública como privada a facilitar el acceso a los terrenos correspondientes de Aralar para realizar los sondeos para determinar el trazado del TAV, si por Ezkio o por Gasteiz.

En esta ocasión, el intento de seguir presentando de tan torticera manera lo que está ocurriendo en Aralar ha corrido a cargo del diputado de la formación regionalista Alberto Catalán, quien ha registrado en el Congreso una batería de preguntas en torno a esta cuestión «después de que el Secretario de Estado de Transportes reconociera esta semana que están teniendo ‘muchos problemas para entrar en los terrenos’ y van a tener que ‘acudir a herramientas jurídicas que tiene la Administración’».

De esta manera, UPN hace referencia a las declaraciones de Santano a Radio Euskadi, en las que aseguraba que «tenemos que empezar las catas. No voy a ocultar que estamos teniendo muchos problemas para entrar en los terrenos, sean públicos o privados. Seguramente vamos a tener que utilizar algunas fórmulas jurídicas que tiene la administración, de expropiaciones temporales de terreno, porque de otra manera se nos está dificultando mucho, se nos está impidiendo en algunos casos incluso poder acceder al territorio para hacer las catas, pero las haremos».

Es decir, esos «sabotajes» de los que habla insistentemente el partido de Cristina Ibarrola en realidad consisten en la negativa de los propietarios a permitir el acceso a sus terrenos para hacer las catas. Algo legal y pacífico, que el Ejecutivo español contrarrestará recurriendo a esas «expropiaciones forzosas» para poder saltarse ese veto.

En la nota de prensa con la que UPN ha informado de la presentación de la citada batería de preguntas, Catalán apunta que en marzo del año pasado el Gobierno español, en respuesta a una pregunta de su partido, fijó en 13,5 meses «el plazo total previsto para la ejecución de los sondeos, ensayos de geofísica e instalación de piezómetros, realización de los trabajos de laboratorio y seguimiento de los niveles piezométricos, desde que sea posible comenzar los mismos». Sin embargo, «han pasado 11 meses y el Ministerio de Transportes sigue diciendo que el proceso no va a ser ‘ni sencillo ni corto’. Es preocupante, porque parece que se va a seguir retrasando en el tiempo».

UPN pide «información detallada»

UPN insiste en su mantra hasta el punto de solicitar al Ejecutivo «información detallada sobre el número de sabotajes ocurridos, los lugares donde se han producido, el impacto económico de los daños y los retrasos que esto va a conllevar en la realización de los trabajos». Con ello está reconociendo implícitamente que no tiene ningún dato sobre esos supuestos «sabotajes» que afirma.

Además, ha preguntado si se ha identificado a los autores de estos actos, si se han interpuesto denuncias al respecto y que se aclare «desde qué Ayuntamientos se han producido impedimentos».

«No puede quedar impune que cada vez que se desarrolla una infraestructura de futuro para Navarra los de siempre se coordinen para boicotearla», ha criticado.

UPN es quien afirma que hay sabotajes, pero al mismo tiempo pide al Gobierno español información sobre los mismos

En relación a las «expropiaciones forzosas» con carácter temporal anunciadas por Santano, ha reclamado explicaciones sobre las «fórmulas jurídicas» que el Gobierno español valora aplicar para acceder a los terrenos en la sierra de Aralar y llevar a cabo las catas.

En este sentido, ha pedido que «se detalle el objeto y alcance de dichas herramientas jurídicas, así como el número de expropiaciones temporales que el Ejecutivo considera necesarias en la zona».

El diputado de UPN ha solicitado que el Ministerio español de Transportes y Movilidad Sostenible «concrete los plazos previstos tanto para la finalización de los trabajos en Aralar como para la conclusión del estudio informativo». También quiere saber «si se ha puesto en conocimiento del Gobierno de Navarra la situación que se atraviesa con los sabotajes e impedimentos, qué colaboración está recibiendo del Ejecutivo foral para solucionarlo y qué contactos han mantenido para ello».

«Es fundamental que se garantice la seguridad de los trabajadores y que el Gobierno detalle qué medidas va a tomar para evitar que estos sabotajes sigan entorpeciendo un proyecto estratégico para nuestra comunidad», insiste Catalán, que ha subrayado «la importancia de la infraestructura para el desarrollo de Navarra» y ha instado al Gobierno de Sánchez a «actuar con transparencia, aclarando las dificultades existentes y ofreciendo soluciones que permitan avanzar en el proyecto sin más dilaciones».

Catalán ha asegurado que «UPN seguirá vigilante para que el Gobierno de España cumpla con sus compromisos y garantice el avance del Tren de Alta Velocidad en Navarra con la máxima celeridad y seguridad». «Para ello es fundamental que no se retrase aún más la decisión de la conexión del TAV navarro con la ‘Y vasca’, por lo que la solución a los sabotajes e impedimentos debe ser inmediata», ha concluido.