Los plataformas que defienden el derecho a la vivienda ya han denunciado anteriormente la tardanza en fijar los indicadores de referencia para topar los medios de alquiler y ahora han concretado aún más su queja. Stop Desahucios, Alokairu e Inquilinos Azora señalan a la Hacienda y la Diputación guipuzcoanas por no entregar los datos de contribuyentes y catastro de municipios. «Estos datos deben enviarse con suficiente antelación al Ministerio de Vivienda, responsable de confeccionar los índices de precios de referencia, imprescindibles para topar y limitar los alquileres especulativos que afectan a estas localidades», recuerdan.

Así las cosas, han presentado mociones en los ayuntamientos de Donostia, Irun y Lasarte-Oria, que aspiran a ser aceptados como zonas tensionadas, para denunciar esta situación y tratar de resolverla.

«Recordamos que Errenteria, desde el pasado 31 de enero, puede aplicar la Ley de Vivienda, tras la publicación de la orden del Gobierno Vasco en el BOE el 30 de enero –dicen estas plataformas–. Sin embargo, a día de hoy sigue sin poder limitar los alquileres, debido a la injustificable tardanza de la Hacienda Foral en cumplir con su obligación de disponer estos datos, esenciales para controlar los mercados tensionados de alquiler».

La moción será debatida en Lasarte-Oria este mismo jueves. En Donostia la sesión está fijada para el 27 de febrero. Según recuerdan, esta ciudad «cuenta con más de 3.000 viviendas en manos de grandes tenedores, incluidos fondos buitre como Blackstone y Azora». En Irun se tratará al día siguiente. En todos los casos estarán representadas estas plataformas entre el público.

«Ocho meses sin cumplir su deber»

«Estamos preocupadas e indignadas ante la inexplicable demora de la Hacienda Foral en disponer los datos de los contribuyentes y del catastro de los municipios tensionados de Gipuzkoa –insisten–. Especialmente, porque en abril de 2024 ya presentamos una moción en las Juntas Generales de Gipuzkoa instando a que Hacienda tuviera listos estos datos, y dicha petición fue recogida en la resolución del 8 de mayo. Han pasado ocho meses sin que la Diputación y Hacienda hayan cumplido con su deber».

Añaden que, «según declaraciones recientes del consejero de Vivienda, la orden del Gobierno Vasco para declarar Lasarte-Oria municipio tensionado podría publicarse en el BOE en abril, seguida de Donostia, Irun y otros municipios. Por ello, exigimos a la Diputación y a Hacienda Foral que cumplan con diligencia y sin excusas la Ley de Vivienda, y tengan listos los datos de los 22 municipios tensionados de Gipuzkoa», a fin de que no se repita lo que ya ocurre en Errenteria.

«No más dilaciones ni excusas por parte de la Diputación y Hacienda Foral –concluyen–. Es imprescindible intervenir el mercado especulativo del alquiler en Donostia y en todo el territorio mediante los índices de referencia, elaborados con los datos que debe suministrar la Hacienda Foral. Solo así y con otras medidas como la movilización de las viviendas vacías con la aplicación del canon a los caseros que no lo hagan, con la prohibición de pisos turísticos en las zonas tensionadas, miles de ciudadanos y ciudadanas gipuzkoanas podrán acceder a una vivienda digna y asequible, reduciendo así los desahucios provocados por los elevadísimos alquileres».