El paso de alto cargo del Gobierno de Lakua a la empresa privada en los dos años posteriores a su cese necesita en todos los casos de autorización expresa del Ejecutivo autonómico, incluso aunque vuelvan a su trabajo anterior. Pero al menos en los últimos años esta tramitación se está dando de forma más que dudosa.

En la pasada legislatura, GARA y NAIZ ya desvelaron que una docena de altos cargos del Gobierno de Lakua habían pasado al sector privado en esta legislatura sin haber pedido el permiso de compatibilidad al que obliga la ley hasta dos años después del cese. Y el Registro de Personal del Departamento que en aquel momento dirigía Olatz Garamendi no pareció haberse enterado de nada.

Estas informaciones y las preguntas parlamentarias hicieron que finalmente el Servicio de Registro de Personal abriera un periodo de información o actuaciones previas sobre estos casos, aunque la legislatura acabó sin que transcendieran los resultados de la investigación. En todas las interpelaciones parlamentarias sobre la materia, la consejera actuó más como abogada defensora de quienes no habían cumplido con la ley que como responsable de hacer respetar la norma, que era su función oficial.

Sin corrección sobre Iñigo Ansola

En esta legislatura el relevo de Olatz Garamendi por María Ubarretxena el frente del Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno no parece haber resuelto las apariencias de irregularidades. Este miércoles informamos de que el Gobierno de Lakua ha publicado las autorizaciones para actividades privadas de los altos cargos que dejaron la Administración, y recoge que permitió al director del EVE, Iñigo Ansola, ahora presidente del BBB, saltar a una empresa el 25 de agosto de 2024 mientras seguía en su puesto oficial hasta el 13 de septiembre.

En la información publicada se abría la posibilidad de que el desajuste en las fechas fuera «un error formal». Pero después de la publicación de la noticia, la consejera María Ubarretxena ha remitido esa información al Parlamento, sin ningún tipo de corrección sobre el caso de Iñigo Ansola.

La documentación remitida al Parlamento por el Gobierno recoge también la fecha en la que la consejera María Ubarretxena firmó la resolución positiva a que Iñigo Ansola fichara por la empresa Mondragon Centro de Promoción S.Coop y fue el 23 de setiembre de 2024, casi un mes después del 25 de agosto que figuraba como fecha de efecto de su contrato privado.

Ninguna resolución antes del salto

Pero lo llamativo es que en los 19 casos en los que el Departamento de Gobernanza ha autorizado a altos cargos de la Administración pasar a la empresa privada o volver a sus puestos anteriores, en ninguno de ellos la resolución firmada por la consejera María Ubarretxena es anterior al día de incorporación al nuevo puesto de trabajo.

De esos 19 expedientes, en 10 de ellos el permiso oficial llegó tarde, en ocasiones con semanas de retraso. En otros 9 casos, la firma de la consejera es del mismo día de la fecha de fichaje por la firma privada.

Hay un caso sumamente llamativo, en la que la fecha de cese como cargo público, de regreso a su puesto anterior y la firma de la consejera se produjo el mismo día, el 30 de setiembre de 2024. Es preciso tener en cuenta que el Ejecutivo tiene que constatar fehacientemente que el alto cargo no incurre en ninguna incompatibilidad aunque sea para volver a la empresa de la que salió.

La consejera garantiza la legalidad

Entre los retrasos manifiestos en la concesión de una resolución oficial positiva para acceder a un puesto privado está el de la ex consejera de Salud Gotzone Sagardui, que empezó a trabajar como directora de la clínica Vithas Vitoria el 7 de enero y la consejera María Ubarretxena firmó su resolución a favor el 30 de enero de 2025. De hecho, ese trámite era ya innecesario, porque había pasado mas de un mes desde la petición de la exconsejera y se entendía ya concedida por «silencio administrativo».

Desde Lakua se aduce que se le hizo una comunicación oficiosa de autorización y se niega ningún tipo de irregularidad. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno del martes, la consejera y portavoz María Ubarretxena respondió sobre este caso que «tanto el proceso de compatibilidad de la señora Sagardui como el resto se han hecho en tiempo, en forma de acuerdo a la legalidad. Como he manifestado en varias ocasiones, el Registro de Cargos es un órgano independiente con personal funcionario de la casa. En este caso, la señora Sagardui comenzó a trabajar porque se le había informado desde el Registro de Cargos que había un certificado que le permitía empezar su trabajo y el procedimiento ha seguido su curso de acuerdo a la legalidad vigente».

Revisión creativa de la ley

En una revisión creativa de la ley, la consejera María Ubarretxea afirmó que en los treinta días posteriores a la petición de Sagardui ya había un certificado del Registro. Afirmó que «lo que faltaba es la firma de la consejera, que es la que menos vale, porque es la firma de un cargo que es la que ratifica eso que ha llevado a cabo un organismo independiente. Lo que vale la certificación de ese organismo independiente».

En el expediente del caso de Gotzone Sagardui figuran certificados del Departamento de Salud sobre la no existencia de contratos con Vithas, pero no del Registro como tal. Además, lo que la ley establece es que «la Resolución será competencia de la  persona  titular  del  departamento  que  tenga  atribuida la competencia de función pública», que en este caso es la consejera María Ubarretxena. Nada dice que la validez de otras certificaciones.